El 21 de diciembre pasado venció el plazo para la sanción de una norma que reglamente la protección de los humedales. Se trata de una iniciativa que regula cuáles son las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de los territorios de humedales, qué actividades productivas pueden realizarse y de qué modos, teniendo en cuenta que son ecosistemas vitales para la reproducción de la vida y que por eso necesitan protección especial.
La ley de humedales es una demanda que lleva más de 10 años en Argentina, presentada ya en tres oportunidades con desenlace similar, y ahora solo podría salvarse de volver a foja cero si se la incorpora en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso. Justamente, por estas horas, el Gobierno evalúa incluir el proyecto entre los temas prioritarios a ser tratados en el Parlamento durante el verano. El tema fue una de las promesas del oficialismo en la última campaña: "Sí a la ley de humedales", decía el slogan.
La ley de humedales es una lucha de larga data en el parlamento argentino. Iniciativas similares fueron presentadas en 2013 y 2016, en ambos casos lograron su aprobación en el Senado, pero luego quedaron trabadas en la Cámara de Diputados hasta perder estado parlamentario.
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En esta tercera oportunidad al momento de perder estado parlamentario, el proyecto se encontraba en la Comisión de Ganadería del Congreso de la Nación, y le quedaba todavía ser tratado en la Comisión de Ganadería, la Comisión de Intereses Marítimos y Portuarios y luego la Comisión de Finanzas.
Después de un inmenso trabajo en el que se logró unificar diez propuestas, en noviembre del año pasado la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados había dado dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley de Humedales, que por ejemplo penaliza los incendios intencionales en estos territorios, regula la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier origen, fumigaciones incluidas.
También, crea un Inventario Nacional de Humedales, es decir, un mapa que daría cuenta de dónde están los humedales en Argentina, qué características tienen y qué función cumplen en cada lugar.
“Una ley de humedales --explicó Federico Pellegrino, de la asociación civil Eco House y miembro de la Alianza por el Clima-- es importante porque necesitamos un presupuesto mínimo, que se contemple desde la Nación y las provincias cómo cuidar estos ecosistemas que son vitales porque son grandes mitigadores del calentamiento global, purifican el aire, regulan las temperaturas, previenen inundaciones en tanto reguladores hídricos y filtran del suelo muchos elementos contaminantes”.
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Según los datos de la Convención Ramsar --tratado internacional para el cuidado de los humedales--, se calcula que casi un 21 por ciento del territorio nacional está compuesto por humedales. Esta cifra, relata Federico Pellegrino, “genera muchos prejuicios y miedo, pero hay que aclarar: que estén protegidos no quiere decir que no se vaya a poder producir sobre esos suelos. A nadie se le ocurría prohibir producción sobre el 21 por ciento del territorio nacional. Estos miedos son alentados porque todo lo que implica una regulación de determinados ecosistemas que hoy están inmersos en sistemas productivos, genera resistencia de los grandes lobbies en la Argentina”.