La Sociedad Rural de Rosario reclamó al Gobierno que respete el fallo de primera instancia de Héctor Plou, juez federal de Junín, provincia de Buenos Aires, que declaró inconstitucional a las alícuotas de los derechos de exportación (DEX) en vigencia y fijadas por el decreto 851/2021. Además, pidió que “arbitre los mecanismos de ajuste a la ilegalidad actual”.
Desde la entidad sostuvieron que "hace 20 años fuimos requeridos a un aporte extraordinario, las retenciones, para auxiliar al estado y la sociedad ante una crisis como la del 2001. Desde ese momento a la fecha, hemos aportado no menos de U$S 190.000 millones; mal utilizados en generar un estado cada día mayor, empobreciendo a la población, quitando su dignidad”.
En este marco, el vocal de la Sociedad Rural de Rosario, José Julio Occhi, argumentó que "el impuesto a las ganancias es destructivo del capital, porque le impone al productor cuando vende una quita de sus ingresos, aun cuando éstos sean insuficientes para cubrir los costos de producción. Esto ya es un problema de derecho constitucional, aún dadas estas circunstancias, hemos tenido una actitud verdaderamente pasiva a lo largo de estos 20 años, donde en concepto de retenciones, el país se llevó 190 mil millones de dólares”.
Según explicó Occhi, el cobro legítimo de las retenciones finalizó el 31 de diciembre de 2021, sin embargo, el Gobierno, decidió mediante el Decreto 851/2021 del 14 de diciembre pasado y, sin tener facultad legal alguna para tal accionar, continuar recaudando por ese concepto. Es decir, ha sido una medida de clara desobediencia de la ley.
"El 15 de septiembre vence el plazo para la presentación del presupuesto nacional y ayer nos enteramos que lo primero que mandaron fue el proyecto de ley para continuar con las retenciones. Yo entiendo la necesidad de recaudación, lo que no entiendo es cómo una persona puede tener una actividad económica que termina siendo ruinosa con el cobro de impuestos”.
Desde la entidad rosarina insistieron en la necesidad de tomar conciencia de la necesidad del respeto de las leyes y de la Constitución Nacional para beneficio de la sociedad argentina en su conjunto: “El fallo de Junín viene a poner en claro que la situación del productor primario, es totalmente diferente a la situación del industrial o los exportadores de granos”, cerró Occhi.
