El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, abrió en Rosario el año judicial con un discurso con fuertes referencias a la violencia en esa ciudad. Junto a los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi y Mario Netri, ante un auditorio compuesto por los titulares de los demás poderes y autoridades municipales, Erbetta agradeció "especialmente" a los "familiares de niñas, niños, mujeres y hombres que hoy viven en nuestro recuerdo".
Sostuvo que "a pesar de su dolor, nos acompañan y nos comprometen a pellizcarnos todos los días para preguntarnos qué estamos haciendo y qué y cuánto podemos hacer para prestigiar nuestra función y servir a la comunidad".
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"No quiero con esto asumir para el judicial responsabilidades que están fuera de su competencia pero si reafirmar que vamos a estar cuando nos necesiten". Dijo que "los operadores judiciales deben desarrollar una especial sensibilidad frente a las lesiones a la dignidad humana, para no naturalizar situaciones inaceptables y para que la técnica jurídica elevada a ontología que proponen algunas corrientes jurídicas, no nos lleve al lugar de aquel famoso guillotinador que todas las mañanas limpiaba la cuchilla para no ensuciar a la víctima".
"Cuidado con el idealismo y el normativismo extremo que como bien ha advertido Francisco en la Carta dirigida el año pasado a académicos y magistrados, lejos de una virtud contribuyen a reforzar los rasgos autoritarios del ejercicio de poder", manifestó Erbetta.
Indicó que "la violencia en Rosario no se explica, como erróneamente se pretende, por el narco; no es que no haya tráfico o que no necesitemos inteligencia criminal y capacidad de respuesta de las fuerzas y justicia federales (Rosario está en un enclave estratégico entre las rutas 11, 34 y 9 y la hidrovía, para peor en un contexto de ausencia regulatoria del estado); el problema de Rosario en términos de vidas humanas, es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales, tal como surge de numerosos procesos judiciales y sentencias de nuestros tribunales penales".
Tras enumerar la "genealogía de esta complejidad", hoy existe un "escenario de bandas criminales polirubros, que aprovechan su expertice en el despliegue de violencia y el fácil acceso a armas y municiones, no sólo para disputar el mercado interno de drogas sino también para extorsionar a empresarios y comerciantes, usurpar viviendas y venderlas y cometer todo tipo de delitos. En el escalón final la dimensión financiera de esta trama delictiva es clave, porque las ganancias de esos mercados ilegales no se blanquean en la cárcel ni en los barrios que más sufren la violencia".
Señaló a las "financieras, empresas de diversos rubros reciben el rendimiento económico generado con violencia, apelando a Sociedades de Acción Simplificada, fideicomisos inmobiliarios y hasta asociaciones mutuales, según surge también de las investigaciones criminales llevada adelante por nuestros fiscales".
Afirmó que "a este estado de cosas se llegó por falta de políticas públicas que debemos asumir como responsabilidad de los distintos poderes y especialmente de nuestras diferentes condiciones políticas". Más adelante, en clara referencia a las declaraciones del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que "no hay ninguna lucha perdida en nuestra provincia y en nuestra ciudad, ni tampoco vamos a resignarnos ante la dinámica de un año electoral".
"El plan de acción debe necesariamente ajustarse al mandato constitucional y a ese pilar básico de la democracia argentina que, con el consenso multipartidario, institucionalizó las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia, advirtiendo que la violación de cualquiera de ellas pone en riesgo la estabilidad democrática y que la apelación excluyente a las instituciones de la política criminal y, peor aún, la eventual militarización de la seguridad, nos coloca en el riesgo cierto de comenzar a caminar hacia el precipicio", analizó.
Daniel Erbetta sostuvo que en Santa Fe "por primera vez se ha perforado, en alguna medida, la selectividad estructural del sistema penal y se ha avanzado sobre sectores y capas sociales que antes eran invulnerables. No sólo estructuras u organizaciones delictivas vinculadas a mercados y economías delictivas (generadoras de niveles de violencia inusuales) e integradas incluso con sectores de la agencia policial sino también sobre sectores del poder real e incluso sobre integrantes del propio MPA".
Agregó que "las amenazas y balaceras a nuestros fiscales, jueces y tribunales, únicas en la historia judicial argentina dan cuenta de ello. Sin perjuicio del reconocimiento a tantas y tantos fiscales, juezas y jueces me permito la licencia del reconocimiento a la labor de la agencia fiscal de criminalidad organizada y delitos complejos. Todas y todos han demostrado responsabilidad, independencia, idoneidad y el temple suficiente como para asumir riesgos que no cualquiera estaría dispuesto a asumir". En otro momento de su discurso reclamó "la garantía de plena autonomía al MPA que ha sido legislativamente debilitada".
Describió problemas, entre ellos, "las malas prácticas, los riesgos de burocratización y también de colonización política especialmente del MPA. Tal vez hemos fallado al no pensar en una articulación interinstitucional que posibilitara un permanente monitoreo y control de gestión de la implementación" de la reforma del proceso penal. Mencionó como "una deuda enorme" al "juicio por jurados populares".
