Los representantes de la Federación Argentina de Transportadores de Pasajeros (Fatap), del Ministerio de Transporte de la Nación y de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) volverán a verse las caras este lunes en un intento por encauzar la negociación paritaria de los colectiveros, que ya desembocó en un paro que fue levantado en el marco de una conciliación obligatoria pero podría desembocar en una medida de fuerza prevista para este martes .
En la previa, la Fatap emitió un comunicado en el que dejó en claro que "sin acciones concretas y eficaces de las autoridades responsables de garantizar la regularidad y continuidad de los servicios, el esfuerzo será en vano”.
La nueva audiencia está prevista para este lunes a las 17 con las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación. El gremio de los choferes anunció la medida sería por 24 horas, a partir de la hora cero del martes.
En el comunicado difundido este domingo, la federación de transportistas detalló que "es preciso que se comprenda que las concesiones o permisos de prestación de servicios de transporte urbano y suburbano de pasajeros por colectivos establecen que los ingresos de las prestadoras son la recaudación por venta de pasajes (tarifas), y aquellos aportes (subsidios, Fondo Compensador, asistencias) que los gobiernos disponen para garantizar la accesibilidad a los servicios de la mayor cantidad de usuarios posibles. Así, los incrementos que sufren los salarios, el combustible, los repuestos y los bienes de capital (buses, instalaciones), entre otros costos, deben encontrar adecuada cobertura en alguna de las dos fuentes de ingresos indicadas, siendo imposible asumirlos en caso de que ello no suceda”.
Es por es que remarcaron que "a pesar de la claridad de la situación, los contratos de concesión no se cumplen, porque las tarifas se fijan en base a criterios políticos y no a las normas técnicas en ellos establecidas. Los convenios suscriptos entre provincias y Nación tampoco se respetan, porque las provincias no cumplen con su obligación de garantizar la sustentabilidad del sistema y porque el Estado Nacional fija los aportes al Fondo Compensador al Transporte del Interior (incumpliendo normas preexistentes) ignorando el grave proceso inflacionario vigente, omitiendo los ajustes necesarios y distribuyendo los fondos tardía y arbitrariamente (en algunas jurisdicciones no se han cancelado aún períodos del año 2022), sin criterios objetivos verificables”.
A entender de los empresarios, “esa conducta, que soslaya los intereses y necesidades de millones de usuarios del interior del país, encuentra confirmación en la reiterada ausencia de las autoridades del Ministerio de Transporte y del Consejo Federal del Transporte a las audiencias citadas por el Ministerio de Trabajo, lo cual esteriliza la negociación paritaria, en tanto son quienes establecen y regulan los ingresos por tarifas y asistencias, únicos recursos con los que cuentan las empresas prestatarias para poder afrontar los mayores costos que surgirán del eventual acuerdo salarial”.
