Asimismo, y en el marco de la decena de gremios que repudiaron la recepción de las intimaciones, apuntan en el comunicado contra "la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento". Finalmente, subrayan que la CGT "no representa los intereses de 'una casta', sin los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país".
El envío de la multa a los manifestantes forma parte del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, quien explicó que se les enviará la factura "a las organizaciones o individuos responsables" por los costos de los operativos, ya que "el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad". En ese marco, señaló que "las organizaciones que tengan personería o los individuos que la tengan, deberán hacerse cargo", informó Ámbito.