Un tercio de los empleados públicos nacionales en la provincia de Santa Fe corre el riesgo de perder sus puestos debido a la finalización de sus contratos el pasado 31 de marzo y cuya renovación aún no tuvo respuesta. Esta situación afecta a unos 3600 trabajadores de áreas como Ansés, los centros de Desarrollo Social, Conicet, Discapacidad, Parque Nacional Islas de Santa Fe, Agricultura familiar, entre otras.
El coordinador de organismos nacionales de la delegación santafesina de ATE, Matías Avallone, expresó su preocupación por la situación y ha prometido luchar en defensa de los trabajadores afectados. Según Avallone, hasta el momento se han producido alrededor de 10 mil despidos a nivel nacional, y se espera que haya un número significativo de despidos adicionales debido a la no renovación de contratos que vencieron el 31 de marzo.
El gobierno nacional ha dispuesto una serie de cesantías en la región Litoral, lo que ha llevado al cierre de oficinas de atención al público de la Ansés en varias localidades, dejando a los ciudadanos sin acceso a servicios fundamentales como jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Esto ha generado preocupación entre los ciudadanos, que ahora deben recorrer largas distancias para realizar trámites, con los consiguientes costos adicionales.
Además, se ha informado sobre la posible privatización de la Ansés y la eliminación del sistema previsional actual, lo que afectaría no solo a los trabajadores del organismo, sino a toda la población que depende de él para acceder a sus derechos.
En algunas localidades, se ha especulado que los puestos vacantes podrían ser ocupados por militantes afines al gobierno, lo que ha generado aún más preocupación entre los trabajadores afectados.
Además del cierre o intervención del Inadi, Télam con delegaciones en Rosario y Santa Fe, el gobierno nacional anunció el fin del Instituto de Agricultura Familiar lo que implica 42 cargos en Santa Fe bajo la modalidad de asesores técnicos (ingenieros agrónomos, veterinarios, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros). Hasta ahora no fueron echados pero se quedaron sin funciones y desmantelaron una política iniciada en 1993 con la creación de Programa Social Agropecuario.
En el caso de “Islas de Santa Fe”, el único espacio de ese tipo en la provincia que cuida los recursos del Delta del Paraná, fue cesanteada una empleada administrativa. En tanto en el Parque Nacional con base en Puerto Gaboto, 15 de los 20 trabajadores tienen contratos bajo el artículo 9º y eso incluye a seis administrativos y técnicos, y nueve brigadistas. Según informaron el gobierno renovó los contratos de los brigadistas hasta diciembre y a los demás les extendieron el contrato hasta junio pero bajo amenaza de una nueva tanda de despidos. Además, hubo un fuerte recorte en insumos y apoyo de logística.
