La Justicia provincial seguirá investigando al jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, por lavado de activos. Así lo resolvió el camarista Daniel Acosta, que revocó el fallo de primera instancia por el cual un juez había entendido que el delito era competencia de la Justicia federal.
Pillín fue imputado por lavado y por extorsiones en diciembre pasado junto con dirigentes locales del gremio Uocra y seguirá el proceso en libertad con restricciones. El juez de segunda instancia Acosta analizó la resolución apelada por la fiscalía, así como por las defensas de los distintos imputados.
El punto sobresaliente de su fallo es que la causa por lavado de activos que se le sigue a Pillín y a su socio quedará en el fuero provincial. En tanto, el ex secretario general de la Uocra, Carlos Vergara, seguirá detenido por delitos de extorsión y asociación ilícita. El fiscal Miguel Moreno acusó a Pillín de haber utilizado la firma Vanefra SRL con fines ilícitos.
Asociados
La imputación por asociación ilícita contra Pillín y Vergara incluyó además a Juan Manuel E., Cristian D, Luciano G., Horacio M., Fernando R, y Raúl Roque M. A los ocho se les atribuyó “integrar una asociación ilícita con permanencia y estabilidad en el tiempo para y cometer una pluralidad de delitos de manera organizada, valiéndose de la estructura de la Uocra, dentro de la cual se ha consolidado un poder de hecho que es compartido con la barra brava del club de fútbol”. Según la imputación se constataron los orígenes de esa asociaicón en 2018 cuando para los fiscales se reforzó el vínculo entre el barra y el gremialista, que le había abierto las puertas a la Uocra de San Lorenzo.
Luego se refiere una expansión a Villa Constitución, para lo que se aprovechó que la empresa Vanefra de Pillín y su socio Fernando R. había incluido el alquiler de baños químicos “en su vasto objeto social”. Y que luego de que ambos socios fueran imputados por lavado de activos en 2020 —en una investigación anterior del mismo fiscal— esa empresa cambió de nombre y objeto social, al que agregó el “servicio de preparación de comidas para empresas y eventos”.
Tras formularse las imputaciones en diciembre pasado el juez Facundo Becerra admitió los argumentos de la defensa de Bracamonte para declarar incompetente la Justicia provincial para investigar el lavado de activos que le había imputado Moreno. Por otra parte, le dictó prisión preventiva a Vergara, Carlos P., Horacio M., Cristian D., y Juan Manuel E. Asimismo el juez le dictó la libertad de Pillín —también la de su socio Fernando R.— con una caución de 20 millones de pesos y reglas de conducta.
Varios puntos de la resolución fueron apelados por la fiscalía así como por las defensas de los distintos imputados. El análisis de los agravios quedó en manos de Acosta, que resolvió revocar parcialmente la resolución de Becerra en lo relativo a la declaración de incompetencia de la Justicia provincial para imputar a Pillín por el delito de lavado de activos. El resto del fallo anterior fue confirmado, como por ejemplo el hecho de que Pillín continuará en libertad mientras que Vergara y Juan Manuel E. deberán seguir tras las rejas.
