La abogada Graciana Peñafort remarcó que si la propuesta del gobierno provincial para Vicentin no prospera, el único camino es la expropiación. Entrevistada por La Capital la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, una persona de extrema confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuestiona la sentencia del juez de Reconquista Fabián Lorenzini y asegura que los directivos del gigante exportador tienen “mala fe”.
Es absurdo que un sector del Estado no tenga que cumplir la ley, es el Estado negándose a sí mismo
—El decreto presidencial con el que se intervino Vicentin generó mucha polémica entre los abogados, ¿Por qué asegura que es constitucional?
—Porque está dentro de las atribuciones que tiene el presidente. La ley 21.499, que es la ley que regula el régimen de expropiación, establece que existe algo llamado la intervención anormal. La designación de esta facultad es de la administración, y el jefe de la administración es Alberto Fernández. Más allá de las consideraciones respecto a la oportunidad, no hay dudas de que es legal.
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—¿Por qué definió al fallo del juez Lorenzini como “falladito”?
—Porque es una sentencia arbitraria. Para no serlo debe tener dos características: basarse en una norma jurídica y tener en cuenta los hechos que se ventilan en la causa. Por un lado, si uno lee la sentencia ve que no se funda en ninguna norma porque las medidas autosatisfactivas no existen en el derecho concursal santafesino. Por el otro, para que prospere cualquier medida cautelar tiene que acreditarse el riesgo en la demora. Y lo que dice el juez no tiene sentido, porque le devuelve la administración de la empresa a las personas que la llevaron a la cesación de pagos, sin explicar cuál va a ser el beneficio concreto para la compañía. Además hay otro tema: viola el artículo 99 inciso 7 de la Constitución Nacional porque es el Ejecutivo el que designa los funcionarios que no tienen otro modo de designación establecido por una ley, y el juez modifica la designación de los interventores y los nombra veedores.
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—Si el juez rechaza el planteo de la provincia, ¿Hay otras opciones jurídicas fuera de la expropiación?
—El presidente lo dijo de modo taxativo: ha dicho que va a esperar y que está esperanzado en que prospere la propuesta de la provincia, y sino deberá continuarse con la expropiación. Lo fundamental es rescatar esta empresa, que siga funcionando, que no se vea obstaculizado su funcionamiento porque es importante en un sector estratégico para la economía argentina, como es el agroexportador.
—La abogada Alessandra Minnicelli recordó que en 2012 cuando se estatizó YPF en dos horas se hizo el anuncio, ingresaron los interventores a la empresa y se envió el proyecto al Congreso, ¿Fue un error no haber hecho lo mismo con Vicentin?
—No creo que haya sido un error, desde un principio fue clara la voluntad del Poder Ejecutivo de que la empresa siga funcionando. Nadie quiere una situación traumática, me pareció razonable. Lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es esperar la propuesta, que varias personas dijeron que iban a presentar. No podía contar con la mala fe de la empresa, que mientras presentaba la propuesta también presentaba la impugnación.
—Le consulto ahora sobre las causas de espionaje durante el macrismo, ¿Cuál es su análisis de los procesos judiciales que se iniciaron en los últimos días, sobre todo el que lleva el juez Villena?
—Todas las causas de espionaje me tienen bastante espantadas. Es un horror que eso haya pasado en un gobierno democrático. Después, esas causas impactan directamente en causas en las que he trabajado como abogada: me tiene muy impresionada el descubrimiento de que las cárceles a las que yo iba estaban cableadas con micrófonos y cámaras y que las conversaciones que yo tenía con mis asistidos estaban siendo monitoreadas y escuchadas por personas que no tenían ninguna autorización judicial para hacerlo. Además, cuando vi era el propio servicio penitenciario el que compraba las cámaras y los micrófonos desapareció cualquier posibilidad de que haya sido un grupo aislado. No sólo eso: el conocimiento de que los espías iban a reportar a la Casa Rosada da cuenta de que una parte del Estado estaba loco, al margen de la ley, la Constitución y las más mínimas garantías.
Lo fundamental es rescatar esta empresa porque es importante en un sector estratégico para la economía argentina
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— Una de las reacciones del macrismo ante las denuncias es decir que es un invento del kirchnerismo, o que él no sabía, ¿Podía Macri no saber lo que sucedía cuando el jefe de la AFI era una persona de su máxima confianza?
—Como siempre he defendido la presunción de inocencia, a mí me parece que Macri deberá acreditar que esto se hacía al margen de sus decisiones. El tema es que todos los vínculos señalan claramente a la AFI y a una secretaria privada de Macri que él dice que no conocía pero era su secretaria de Documentación Presidencial, es un poco extraño no conocer a alguien que te maneja los papeles. Deberá demostrarse en la Justicia la imputación, pero la negación que está haciendo Macri es una mala estrategia de defensa. Si él no tenía nada que ver, ¿Por qué espiaban a su hermana? Esta conducta Macri ya la hizo: en la causa de las escuchas fue el papá, Franco Macri, el que dijo había mandado a espiar a Sandra (Macri) y su marido. Ahora Franco no está, ¿va a salir Antonia a decir que ella mandaba a espiar a su tía?
—¿Puede ser una de las causas judiciales más importantes desde el regreso de la democracia por su impacto político?
— No tanto por el impacto político. Sí creo que puede serlo por investigar de verdad a los servicios de inteligencia. Creo que hay que disolverlos; no tienen sentido, son de la Guerra Fría. Debe investigarse y ponerse luz en un lugar que está plagado de oscuridad. Uno de los fundamentos de la existencia misma del Estado es el cumplimiento de las leyes. Es absurdo que un sector del Estado no tenga que cumplir la ley, es el Estado negándose a sí mismo.
