*Por Julián Galdeano, diputado provincial.
Solo la ceguera de un gobierno empecinado por cortar cualquier puente que pueda llevar al diálogo, a las acciones en común para beneficio de todos los argentinos, puede romper con total tranquilidad aquella foto en la que Presidente de la Nación, Gobernador de la provincia de Buenos Aires y Jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ponían codo a codo a pelear, no sólo contra la pandemia, sino contra todo aquello que se iba a desprender de ella, impactando de frente en la población. Y es eso exactamente lo que pasó, siguiendo una lógica histórica de todos los mandatos justicialistas.
Por una cosa o la otra, por omisión o conveniencia, ya han pasado más de 24 años sin que tengamos una nueva Ley de Coparticipación y mientras tanto, una vez más, un gobierno kirchnerista sacó el látigo para azotar a quienes piensan distinto, a sus espacios políticos opositores, a aquellos distritos que le son adversos políticamente, llevándose por delante así el bienestar de los argentinos, quitándole la posibilidad de llevar a cada uno de ellos los bienes y servicios públicos que se merecen. Prueba de esto es el claro ataque a Horacio Rodríguez Larreta con la decisión de quitarle recursos a Buenos Aires de manera inconsulta y unilateral.
El oficialismo puede mentirte, pero no los números. Por más que quieran esconder los datos, ellos hoy nos indican que el gasto público por habitante de, por ejemplo, CABA es mucho menor que el de Tierra del Fuego, Neuquén, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Formosa y Catamarca, provincias que por afinidad política han sido beneficiadas con enormes partidas de recursos.
Para dar un debate serio es necesario derribar algunos mitos. Se llenaron la boca diciendo que el ex presidente Macri había perjudicado a las provincias, sin embargo, durante su gestión, 23 de 24 provincias tuvieron superávit fiscal. No resulta creíble que distritos con elevados indicadores de déficit en sus cuentas públicas pasaran de golpe a tener superávit como por arte de magia. Hubo una decisión política de reconstruir el sistema tributario federal sobre la base de un esfuerzo fiscal del Estado Nacional.
También es falso el discurso que apunta a los beneficios que los gobiernos kirchneristas alcanzaron a nuestra provincia. No hace falta más que ver el proyecto para el Presupuesto 2021 para dejar en evidencia el destrato del gobierno para el resto de las provincias argentinas y ver a nuestra Santa Fe ubicándose en el puesto 23 de los 24 distritos en el ranking de inversión en obra pública en análisis per cápita.
Toda esta discusión no podría darse en un peor escenario. Sobre la mesa se mezclan peligrosamente la emergencia sanitaria con la económica, que nos muestra que el fracaso del gobierno en ambos frentes es estrepitoso, evidenciando parche tras parche y una falta total de estrategia, de un plan y reglas del juego claras. De esta manera, Argentina no podrá reponerse a los golpes de la pandemia y las malas decisiones en materia sanitaria y económica del oficialismo.
Llamamos, una vez más, al diálogo y a la articulación entre las provincias. Acompañamos los proyectos de legisladores que proponen la incorporación de métodos de control para seguir de cerca qué es lo que hacen las provincias con esos recursos que perciben del Estado.
Sin ellos, la provincia de Buenos Aires corre el riesgo de convertirse en un agujero negro que mal administrado se va a llevar puesto gran parte de esos recursos.
También apelamos a que se implemente la coparticipación de la emisión monetaria, ya que toda esa recaudación sólo llega a las arcas del gobierno nacional, otorgándoles billetera, látigo y poder. Esta sería una manera de preservar los recursos y las autonomías provinciales.
Reactivar nuestra economía no va a ser tarea sencilla. Requiere de un programa que exhiba liderazgo político y construya confianza. El federalismo deberá ser garantizado en cualquier programa económico que el gobierno elabore.
El gobierno entonces deberá entender que federalismo significa autonomía y viene a subrayar la capacidad de brindar bienes y servicios públicos iguales a cada uno de los argentinos, independientemente de su residencia o lugar de nacimiento, y no la potestad de decidir discrecionalmente a qué distrito ayudar o quitar estos recursos como forma de castigo a provincias con otro color político. Así de simple.
