* Por José Alejandro Bonacci
Fui precandidato a Presidente de la Nación en 2011. Mi mayor frustración en esa campaña no fue obtener pocos votos o no pasar a las generales, sino que ningún periodista -absolutamente ninguno- me preguntara porque nuestro slogan era “esta democracia no sirve” y que “era necesario un nuevo pacto”.
Era difícil explicar en 140 caracteres. La Constitución Nacional habla de los “pactos preexistentes”. El actual texto se reformó sobre la base del “Núcleo de Coincidencias Básicas” que es el resultado del Pacto de Olivos. Nuestro actual sistema democrático se basa en ese “pacto”.
La política básicamente es pactar. Y repactar. En 1958 saliendo de una dictadura militar en una Venezuela con futuro pujante las principales fuerzas políticas firman el “Pacto de Puntofijo” y durante 30 años el reparto del gobierno garantizó el desarrollo de ese país. Como toda construcción humana la falta de renovación de ese “contrato político” devino en un deterioro de la “calidad política” que podría justificar cualquier rebelión.
Los ciclos en la política son inevitables e irreversibles. Pero precisamente la inteligencia del político es reciclar las realidades y producir un cambio dentro del mismo sistema. El fin del “Pacto de Puntofijo” fue el chavismo. Un movimiento que no “pactó” con nadie, sino que impuso un contrato político arbitrario. La única salida hoy de la realidad venezolana es la frontera de Colombia, o la BR-174 rumbo a Boa Vista.
La historia política argentina se ha caracterizado por el enfrentamiento de “bandos”. Cada etapa se superó con la imposición de uno sobre otro (los “poderes excepcionales”, Caseros, Pavón, la cuestión Capital, la Ley Sáenz Peña, los sucesivos golpes militares), en cada oportunidad se produce un recambio dirigencial y cada evento se constituye en una válvula de escape a un proceso de deterioro político.
Cada nueva etapa tiene su “dictador”, a su manera nuestros caudillos son una versión criolla y moderna de “dictador” (Rosas, Urquiza, Mitre, Roca, Yrigoyen, Perón), al ser la síntesis de su realidad política cumplían la función que el viejo derecho romano daba a los “dictadores”.
“La dictadura es una sabia invención de la República Romana, el dictador es un magistrado romano extraordinario, que fue introducido después de la expulsión de los reyes, para que en tiempos de peligro hubiera un imperium fuerte, que no estuviera obstaculizado, como el poder de los cónsules, por la colegialidad, por el derecho de veto de los tribunos y la apelación al pueblo”, “dictador” no es una mala palabra per se.
Los primeros cambios “politicos” -por supuesto- venían por la espada. Aún el primer partido moderno del país (la Unión Cívica) apeló a la rebelión armada, también los golpes militares contaron con aval jurídico. “El gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social”, dijo la Corte Suprema hace noventa años y ya entonces había un Horacio Rodríguez Larreta que le puso el gancho a ese decisorio.
La Nación Argentina se constituyó sobre la base “del individuo libre, igual y racional en el estado de naturaleza” y tuvo “el pacto como elemento fundador del poder político”, es decir sobre la teoría desarrollada por John Locke. Ni el peronismo tradicional lo cuestionó.
Por eso aún estos casos excepcionales se enmarcaban en un esquema “constitucional”, ya que cada movimiento se montaba sobre una “rebelión popular”. Locke en su teoría política preveía la rebelión como válvula de escape de crisis políticos acotando las crisis sistémicas, es decir cortando el paso a la “revolución”.
Por eso cada proceso de rebelión popular terminaba en un gobierno de facto, y consecuentemente en la renovación de la clase política. Independientemente es que cada golpe de estado en Argentina no respondía estrictamente a la teoría de Locke de no volver al “estado de naturaleza” sino que cada uno tuvo un olor distinto: a petróleo en 1930, a farmacología en 1966 y a tierra y soja en 1976.
Los diarios de la época, los historiadores serios, y el recuerdo del ruido de las bombas y del miedo que aún algunos guardamos, justifican ampliamente aquella salida militar de 1976. La misma política la pedía. Vivíamos un estado de guerra interna que justificaba “la dictadura”. “Proceso de Reconstrucción Nacional Argentina” fue el orgulloso nombre del gobierno de facto cívico militar más cobarde que tuvo él país. La cobardía de no ponerle la firma a las sentencias de muerte, la cobarde incapacidad intrínseca de los militares del “ejercito liberal” de gestionar la cosa pública sin tutelas por su tendencia a ser siervos de los poderes constituidos, y el cobarde error final de llevarnos a una guerra justa pero imposible, desacreditaron de una vez y para siempre cualquier salida militar a las crisis políticas argentinas.
Sin embargo, nuestra democracia del ’83, no fue la consecuencia de “la rebelión popular”, sino el postrer acto de una dictadura cobarde y fallida. No costó ni 8.500 ni 30.000 desaparecidos, porque ellos no luchaban por “la democracia”, sino por la revolución es decir por la ruptura del “pacto social” y el fin del sistema constitucional, hoy los historiadores berretas nos quieren contar que esta democracia es la ofrenda de aquellas vidas. No. No lo es. Si queremos resguardar su memoria recordemos que aquellos que cayeron lo hicieron por una “guerra de liberación”. Era otra guerra, no la nuestra.
Los cuarteles dejaron entonces de ser la salida para las democracias que no dialogan ni pactan. Sin embargo, ello no evita que las crisis de la democracia existan, que la democracia se oxide, que la democracia no se renueve.
Renovarse de golpe
Paso en el ´58, en el ´73, en el ´83. Luego de cada golpe se renovaba la dirigencia y la esperanza democrática. Los gobiernos de facto funcionaban como válvula, su justificación “constitucional”, que los principios del “derecho a la resistencia” fueran alargados por demás… bueno… ¡pero era lo que había!
El “Pacto de Olivos” es un engendro entre el deseo de uno que quería renovarse en el poder y otro que quería hacer un experimento socialdemócrata. No fue ni lo uno ni lo otro. Por ganar apenas dos años mas de gobierno pulverizamos con el “Núcleo de Coincidencias Básicas”, más de un siglo y medio de historia constitucional.
La elección directa del Presidente significó la abolición de la institución del Colegio Electoral y esto fue un golpe mortal para el federalismo. El equilibrio que garantizaba una elección donde Buenos Aires y Capital Federal no fueran concluyentes en el resultado de una elección nacional se perdió para siempre, las consecuencias políticas y sociales hoy las estamos sufriendo, y no solo eso. Si la justificación del “pacto” era la pretendida atenuación del sistema presidencialista dicha pretensión se neutraliza con el tratamiento que la nueva constitución da a los “decretos de necesidad y urgencia”.
Podríamos seguir con los institutos que surgieron de ese “pacto pampa”: Consejo de la Magistratura, remoción de Jueces, mayorías agravadas para modificar leyes sobre partidos políticos, el Jefe de Gabinete… ni una buena en la reforma del ’94.
Mientras tanto lo realmente valioso que se redactó en la nueva carta constitucional nunca se usó. La “iniciativa popular” y la “consulta popular” son deseos, pero no realidades, pero mientras tanto se convirtieron a los partidos políticos en personas de derecho público no estataliv, dándole un rango que nunca tuvieron y que hoy a ojos vista no se merece ni la realidad justifica.
El nuevo Artículo 36 de la Constitución Argentina, cambia de eje el ejercicio del derecho de resistencia, otorgándoselo a los ciudadanos, cuando la construcción jurídica de la doctrina de facto había fijado que si “en el desenvolvimiento de la acción del gobierno de facto, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la Administración de Justicia encargada de hacer cumplir ésta las restablecería en las mismas condiciones y con el mismo alcance que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de derecho.”, es decir que el gobierno de facto era solo eso y que se encontraba dentro del marco de la excepcionalidad institucional y la Corte Suprema era la garantía final de la institucionalidad. Quitar esa contención jurídico-política ante una situación excepcional podría promover salidas aleatorias a la institucionalidad, pero invocando la misma.
La Constitución del ’94 abre la puerta a la anarquía, peligrosa salida que podría resultar de una interpretación juguetona del Artículo 36 con el 21. Esto algunos ya lo vieron, y ya están en el precalentamiento de ese peligroso juego.
Mientras que los liberales solo hablan de economía, nosotros que no somos liberales económicos hablamos de liberalismo político. Porque nuestras instituciones se basan en el pacto social liberal. Ese pacto que pedíamos renovar en la campaña de 2011.
Casi diez años más tarde que nosotros, Cristina Kirchner afirmó que "necesitamos un nuevo pacto social"vi, y están actuando en consecuencia. Los dichos de Duhalde, respecto a la posibilidad de un golpe de estado deberían ser tomados en cuenta, no de una forma literal sino conceptual. Al fin y al cabo, él fue el último ejecutor de un golpe político y de mercado junto con Alfonsín en 2001.
La salida del 2001 La crisis económica y política de 2001 era la consecuencia lógica de casi 20 años de una democracia débil y del proceso de desnacionalización que arrancó en el ´76. El grueso de la dirigencia estaba desacreditada, pero “el que se vayan todos” no se llevó puesta la democracia porque estaban Duhalde, Alfonsín y Menem, descreditados si, pero políticos de raza. Salvaron “esta democracia”, pero no el sistema de partidos políticos que ellos mismos habían “cristalizado” con la reforma del ’94.
En esa crisis la UCR -como partido político- desapareció del liderazgo democrático, mientras tanto los “otros” (ya que no peronistas) caudillos conservadores provinciales variopintos se reinventaron una y otra vez, tanto que hasta terminaron siendo casi de izquierda. Como el PRI… o al revés.
También durante esa crisis el cuarto poder (el del periodismo) era más o menos respetado. Sin embargo, la salida del 2021 es muy distinta. A la peor crisis económica en la historia argentina, se le suma un acto de Dios -como lo es la pandemia de Covid-19- un gobierno extremadamente débil y una anomia política nunca vista. No existen partidos fuertes, ni liderazgos políticos definidos, ni prensa irreprochable y tampoco una justicia independiente.
No se discute absolutamente nada respecto del futuro, no existe ningún tipo de ejercicio de prognosis política -consecuentemente no existe dirigencia política- porque los políticos son precisamente eso: aquellos en los cuales delegamos una parte de nuestra soberanía para que nos conduzcan al futuro.
Todos queremos un futuro en paz y orden. Ellos son los responsables de llevarnos allá. Porque se dicen serios. Porque se dicen profesionales. Porque son doctores o científicos políticos. Pero finalmente no terminan representando nada de eso. Y a nadie. Por eso convierten la democracia en una institución casi inútil.
Hoy no tenemos ni a un Alfonsín, ni a un Menem ni a un Duhalde que entiendan la dinámica de la política y actúen consecuentemente, y si a muchos aventureros que se comieron el verso del falso progresismo y han construido su pensamiento sobre slogans berretas, o a viv@s que usan la política para solucionar sus propios meandros jurídicos.
“A los políticos les falta calle”, sentencia Amalia Granatax y tiene razón, porque no son capaces de liderarnos y reinventar nuestro pacto social. El año pasado la crisis inducida por el macrismo pudo ser sorteada por la oportunidad de un triunfo del “justicialismo”, al contrario de lo que pasaba en Chile aquí había una opciónxi, allá estalló una rebelión por el aumento del subte acá había una salida democrática y por eso la sangre no llegaba al río. Sin embargo, una posible derrota del “justicialismo” el próximo año en las elecciones de medio término nos ponen en el riesgo de una anomía absoluta, porque no existe una clase dirigente de relevo. No esta “clase dirigente” por lo menos.
Porque la interna que se insinúa en la provincia de Buenos Aires para hacer un recambio dentro del partido de gobierno puede que se los lleve puestos a los dos sectores que establecen la controversia.
“Esta” democracia no ha servido durante casi 40 años para resolver la crisis del pacto social, por este camino es imposible que la misma dinámica resuelva la crisis. Luego de 40 años tenemos una sociedad mas pobre, mas miserable, mas marginal y sin ningún futuro aparente, ergo la “Democracia Modelo 83” fundió motor.
El poder del hombre común De tal forma hoy estamos nuevamente en el origen, en “el estado natural”, dónde no existe institución que merezca respeto y confianza.
“Gran parte de la continuidad como estado-nación se la debemos a la vigencia –aunque con recaídas- de la idea que nos rige un estado de derecho.”, sin embargo, nuestra dirigencia no esta a la altura de ese desafío. Unite por la Libertad y la Dignidad no es un partido estrictamente liberal, aunque creemos en la necesidad de un pacto social que nos libre del “estado de naturaleza” y que la iniciativa individual es el motor de la sociedad y de la economía. Tampoco es un partido estrictamente nacionalista, aunque creemos que la ley, el territorio, los símbolos, las tradiciones, la historia y el futuro nos unen. Tampoco somos peronistas o radicales, pero entendemos que esos movimientos han captado en su momento la forma criolla de concebir la política y el poder en clave argentina.
Si creemos que cualquier construcción política tiene que ser la síntesis de esas posturas. También pensamos que la nueva dirigencia no puede provenir de la casta de políticos caducos.
Las convulsiones de los ni-ni (los Blumberg, los quesevayantodos, los anti-125, los caceroleros, los anticuarentena, etc.), son la manifestación de la apatía política que desconfía en general de las instituciones y los partidos políticos. Esos movimientos intuyen que la mala praxis de los políticos perturba su autonomía individual –la autonomía del hombre común- pero no ofrecen una salida orgánica a ese estado apático.
Nosotros entendemos que la salida es sistémica, pero que para ello es necesario que el motor de la nueva democracia sea “el hombre común” -con sentido común- que reemplace al político profesional, y que ese político tradicional entienda que la única forma de reinventar la democracia es mediante el acceso al gobierno de aquellos que tenga frescura de pensamiento y libertad de los pseudogmas que no son otra cosa que slogan elevados a verdades reveladas.
Nuestros políticos actuales conducen mirando el espejito retrovisor. Sin mirar a sus lados y hacia el frente. La realidad se los va a llevar puestos. Este futuro que nosotros vemos también los ven “algunos” movimientos políticos no republicanos. Y ellos quieren continuar lo que los 8.500 o los 30.000 dejaron trunco.
Esa es la tensión que hay que superar en la próxima crisis política. Nos hemos fijado como objetivo político hace ya bastante tiempo el ser un partido revulsivo al status quo de la política tradicional. Hacer lo que la constitución manda y permitir el acceso a nuestras listas de gente común y corriente genera el rechazo del “político profesional”. Eso pasó con Amalia Granata y ahora con Cinthia Fernández, dónde se les critica aspectos de su vida personal y la presunción de incapacidad por ellas, pero se ignora lo que dicen con gran sentido común. También hemos salvado candidaturas que el sistema político quería desterrar, como lo fue Jose Luis Espert.
Los ganapanes de la democracia tildan a cualquier ciudadano que opine fuera de su área de confort como “desclasado” o “antidemocrático”. Ese rechazo a cualquier interpelación de la realidad es el síntoma que “esta” democracia se encuentra imposibilitada de regenerarse, que vive una realidad paralela sin contacto con el “hombre concreto”, porque darle de comer como dadiva no es estar en contacto con él, sino darle libertad y dignidad. Eso se hace desde un conocimiento profundo de “la calle” es decir de la vida y su trascendencia.
Es la misma reacción que tuvo el establishment político contra el acceso de las clases medias a la política de la mano del radicalismo y de los descamisados con el peronismo. Por eso creemos que nuestro rumbo es el correcto, el sentido real de los partidos políticos es permitir la renovación dirigencial sobre la base de la ciudadanía y la construcción de políticas de estado dentro de la lógica del sistema constitucional. Que no es la lógica que hoy usa la política profesional. Se vienen tiempos bravos. La gente quiere leones al frente de la política, no gatos gordos.
Que mejor león que aquel tipo gris que tiene que levantarse todos los días para trabajar y pagar impuestos a cambio de ningún futuro. Venezuela tiene la BR-174 y nosotros Ezeiza, pero no creemos que esa sea la salida posible y si bien es cierto que “esta” democracia no sirve hay una que si y esa es la que tenemos que reconstruir.
* Presidente Partido UNITE POR LA LIBERTAD Y LA DIGNIDAD (Orden Nacional), concejal de Rosario (MC), ex precandidato presidencial (2011).
