El juez federal Marcelo Bailaque ordenó la indagatoria de 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo en una causa que los investiga por supuesta “contaminación ambiental peligrosa para la salud” que el Código Penal reprime con penas de tres a diez años de prisión.
Las audiencias se realizarán después de la feria judicial, a fines de abril y principios de mayo, y entre los convocados sobresalen varios empresarios del círculo rojo: el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe Javier Martín; uno de los directivos del grupo Clarín, Héctor Mario Aranda, que preside Artes Gráficas del Litoral (AGL), la planta impresora de conglomerado. Y el presidente del Centra Puerto SA, Osvaldo Arturo Reca, que opera la Central Termoeléctrica Brigadier López -con una potencia instalada de 280 megavatios-, construida por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero que Mauricio Macri vendió a su amigo, Nicolás Caputo, radicado hoy en Estados Unidos.
La investigación se inició en 2016 tras una denuncia en la que se hizo alusión al vertido de distintos productos químicos en el río Coronda, sin tratamiento previo, provenientes del Parque Industrial. La misma situación había sido manifestada anteriormente por vecinas y vecinos del Barrio Jorge Newbery, quienes alegaron la existencia de fuertes olores y el deterioro de los techos de sus casas provocado por sustancias arrojadas al desagüe que se encuentra sobre el lateral norte, dentro del Parque Industrial, que desemboca en el río Coronda.
Los hechos imputados tienen origen en la actividad desarrollada por nueve empresas con asiento en el Parque Industrial Sauce Viejo, ubicado a 22 kilómetros al sur de la capital provincial, en la urbanización recientemente declarada ciudad.
La contaminación, adulteración o envenenamiento de manera peligrosa para la salud pública, del agua y del ambiente a través de los residuos peligrosos aparece reflejada en el vertimiento de líquidos dirigidos al río Coronda y reviste un caso de competencia federal ante sus consecuencias interjurisdiccionales, de acuerdo a la ley general del ambiente.
El 9 de diciembre, con los resultados de los estudios en la causa, el fiscal solicitó la indagatoria de 26 directivos de nueve empresas del Parque Industrial, que deberán comparecer ante el juez Bailaque desde fines de abril hasta principios de mayo, entra las que aparecen el Frigorífico Goggi, Veneto SA, Leiner Argentina SA, Espro SA, Sánchez y Sánchez SRL, Vinagres Halconero, Artes Gráficas del Litoral, Central Puerto SA y Curtipiel SRL.
Los hechos que se investigan se encuadran en el artículo 55 de la ley 24.051, respectiva a la contaminación, adulteración y/o envenenamiento de manera peligrosa para la salud pública del agua y del ambiente mediante la utilización de residuos peligrosos. La norma reprime con las mismas penas del artículo 200 del Código Penal (tres a diez años de prisión) a quienes utilizando los residuos a que se refiere la ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
