Durante 2020, un año complejo por la paralización de la actividad judicial a causa de la pandemia por el coronavirus, hubo 13 veredictos en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar.
El 27 de abril, por videoconferencia ante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a cadena perpetua a 28 genocidas por delitos perpetrados en la llamada "Suzona 15", una área de operaciones de las fuerzas de la represión con eje en la ciudad de Mar del Plata y sus alrededores.
Se trató de la primera sentencia dictada en un juicio por delitos de lesa humanidad en el marco del aislamiento social que había entrado en vigencia el 20 de marzo.
El 12 de mayo el Tribunal Federal en lo Criminal del Chubut condenó a seis años de prisión al ex comisario Tito Nichols por la desaparición del militante del Partido Comunista Elvio Ángel Bel.
Por la misma resolución, se absolvió al ex marino Hernán Álvaro Hermelo, quien al momento de la desaparición prestaba servicios en la base Almirante Zar de Trelew dependiente de la Armada.
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El 14 de mayo la justicia federal de Rosario impuso la pena de prisión perpetua a seis policías y condenó a otros cuatro a penas que van desde los 16 a 22 años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y violaciones perpetradas durante la última dictadura militar en esa ciudad, en el marco de la causa "Feced III y IV".
El 21 de mayo, la jueza federal Beatriz Estela Aranguren condenó a ocho represores a diferentes penas, que van desde cinco años de prisión a perpetua, por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 20 personas, en el juicio de lesa humanidad de la denominada causa Área Paraná II.
En la causa, que tramita por el antiguo Código de Procedimientos Penal, por lo que las actuaciones son en su mayoría secretas y por escrito, se investigó la responsabilidad de los acusados en privaciones ilegítimas de libertad, tormentos, vejaciones, apremios ilegales y otros delitos cometidos contra 20 víctimas entre 1976 y 1977; y el secuestro, desaparición y homicidio del militante peronista Jorge Emilio Papetti, cuando revistaba como soldado conscripto del Ejército en Concordia.
El 7 de septiembre el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín condenó a Santiago Omar Riveros y a Jorge Bernardo a penas de 18 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos cometidos en el Arsenal Naval de Zárate, en un buque anclado al frente y en Campana, entre otros centros clandestinos ubicados en la zona.
El médico Omar Di Nápoli resultó absuelto por el beneficio de la duda, y los jueces encontraron a Riveros y Bernardo responsables, de los delitos de privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones en el circuito represivo Zárate-Campana-, en perjuicio de 20 víctimas.
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El 2 de octubre el Tribunal Oral Federal de Tucumán impuso tres penas de prisión perpetua y otras trece condenas de entre 10 y 18 años de prisión, al término del juicio conocido como "Megacausa 14", que tomó cinco procesos judiciales.
El objeto del juicio fue la responsabilidad de 25 personas por crímenes contra la humanidad que revistaron en la Policía de Tucumán, el Ejército Argentino y la Gendarmería Nacional, y nueve de los imputados fueron absueltos por el beneficio de la duda.
El 27 de octubre, en Rosario, tres militares retirados acusados por delitos de lesa humanidad fueron condenados a prisión perpetua en el marco del juicio "Saint Amant III", en el que un imputado resultó absuelto y un expolicía bonaerense fue sentenciado a tres años de cárcel.
El 18 de noviembre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py condenó a dos represores por delitos de lesa humanidad cometidos en Corrientes durante la última dictadura militar, tras revertir las absoluciones a su favor dictadas en 2016 por un tribunal de esa provincia en la causa conocida como Ligas Agrarias.
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El 20 de noviembre el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Mendoza dictó una nueva condena al exjuez Otilio Romano por crímenes de lesa humanidad y ajustó además las calificaciones y responsabilidades penales de otros acusados.
Esta nueva sentencia se dio en el marco de lo dispuesto por la Cámara de Casación en su revisión del fallo de 2017, en la que ordenó revisar las condenas y absoluciones dictadas por ese tribunal, con otra composición, en el denominado "juicio a los jueces" que culminó en 2017.
El 27 de noviembre el Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal condenó a prisión perpetua a cuatro exagentes de la SIDE por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención ilegal de Automotores Orletti.
Los condenados fueron Eduardo Rodolfo Cabanillas, exsegundo jefe Orletti 18; los exagentes orgánicos de esa agencia, Eduardo Ruffo y Miguel Ángel Furci; y Honorio Carlos Martínez Ruiz, exagente inorgánico, y como todos ellos tienen sentencias previas, el tribunal dispuso sus detenciones.
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El 2 de diciembre El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz y a otros nueve represores que cometieron secuestros, torturas y crímenes contra 84 víctimas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada San Justo durante la última dictadura militar.
También, el tribunal impuso una pena de 25 años a otros 6 represores y absolvió a un imputado, en el marco del juicio.
El 17 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata condenó a prisión perpetua a un abogado acusado por delitos de lesa humanidad cometidos antes de la última dictadura por la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), y sentenció a cinco años de cárcel a otro integrante de esta organización.
Los condenados fueron Eduardo Salvador Ullúa, sentenciado por haber integrado una asociación ilícita y como coautor de ocho homicidios agravados "por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", y Oscar Héctor Corres (72), acusado de formar parte de la organización criminal.
El 18 de diciembre el conductor radial Carlos Carvallo, quien durante la última dictadura trabajó como policía en Entre Ríos, fue condenado a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo y se le impuso una inhabilitación perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, por el secuestro y tortura del dirigente de la Juventud Universitaria Peronista, Pablo Ramat.
Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura; fue buscado por las fuerzas de seguridad nacionales y por Interpol, hasta que finalmente lo encontraron en 2018, recluido en la vivienda de su hermana en Posadas.
