Quedó en prisión preventiva el hombre investigado como organizador de la asociación ilícita que usurpó el inmueble ubicado en calle 9 de Julio 2792 de la ciudad de Santa Fe.
La medida cautelar privativa de la libertad –que el imputado cumplirá de forma domiciliaria– fue solicitada por las fiscales María Lucila Nuzzo y Gabriela Arri e impuesta por el juez José Luis García Troiano en una audiencia llevada a cabo en la mañana de hoy en los tribunales de la capital provincial.
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El imputado tiene 59 años y sus iniciales son MB. Además, hay otros cuatro hombres imputados que hoy recuperaron su libertad con normas de conducta y seguirán siendo investigados como miembros de la asociación ilícita. En tal sentido, a dos los imputados – que son abogados – se les impuso el pago de una fianza de 1.500.000 pesos a cada uno.
Las funcionarias del MPA advirtieron que "si bien el juez no tuvo por acreditado el delito de tentativa de estafa procesal que habíamos atribuido a MB, sí hizo lugar a la asociación ilícita en calidad de organizador y al delito de usurpación". En tal sentido, agregaron que "de hecho, este imputado era quien realizaba aportes, tomaba las decisiones y planeaba los pasos a seguir y gestiones a realizar por la asociación criminal cuyo objetivo era cometer delitos contra la propiedad".
Bien ajeno
"De la investigación que realizamos se desprende que desde julio de 2018 y hasta la actualidad, la asociación ilícita ideó y ejecutó un plan común tendiente a lograr apoderarse ilegítimamente del edificio de departamentos en construcción ubicado en calle 9 de julio 2792", afirmaron las fiscales.
También indicaron que "la banda tenía como fin la obtención ilegal de beneficios económicos de la futura explotación y/o actos de disposición sobre el inmueble de manera fraudulenta. Para ello –según explicaron las fiscales en la audiencia– simularon ser dueños, en franco conocimiento de la ajenidad del bien, ya que 50% del mismo fue adquirido en subasta pública en 2005 por un hombre y el 50% restante en 2009 por una mujer".
También argumentaron que "esta organización criminal aportó lo necesario para el sostenimiento de la maniobra ilícita en el tiempo; abonó gastos de ejecución y realizó actos tendientes a ello, tales como la contratación de servicios y profesionales de diversa índole".
Operaciones inmobiliarias inválidas
Las fiscales también brindaron precisiones acerca de los actos realizados por los integrantes de la asociación ilícita.
"El imputado que quedó en prisión preventiva, con un poder del año 1997, simuló vender por medio de un boleto de compraventa inválido dos unidades habitacionales del edificio por la suma de 500 mil pesos", detallaron las fiscales. "La operación se realizó el 13 de julio de 2018 en favor de los dos abogados que también son investigados", agregaron.
Nuzzo y Arri informaron que "el 13 de julio de 2018, MB también simuló la compra –a través de un boleto inválido– a favor de sí mismo de 10,60% indiviso sobre una fracción de terreno con todas sus edificaciones y algunas unidades habitacionales aun no sometidas al régimen de propiedad horizontal".
"Las dos operaciones fueron inválidas porque se realizaron a sabiendas de que el inmueble ya no integraba el patrimonio de quienes le habían dado el poder a MB en 1997, a raíz de que un 50% había sido subastado en 2005 y el otro 50% en 2009, respectivamente", expusieron.
Ocupación ilegal
"Siguiendo con el plan que habían tramado, en 2018 los dos abogados imputados iniciaron una mediación prejudicial. Luego, en 2020, iniciaron el juicio de escrituración en el Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de la ciudad de Santa Fe", confirmaron las fiscales.
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"Con todo, el martes 26 de enero de este año, MB y otro de los imputados forzaron el cerramiento de metal que había en el inmueble, lo reemplazaron por otro similar e ingresaron violentamente con el objeto de finalmente tomar posesión del edificio en construcción", enumeraron las fiscales.
"Asimismo, dispusieron la permanencia en la ocupación a través de al menos dos personas, quienes prohibieron el ingreso de terceras personas, simularon ser propietarios e intentaron dar apariencia de legalidad a su actos. De hecho, llamaron a la policía y a los medios de comunicación de la ciudad, en absoluto desconocimiento y sin autorización de quienes ostentaban la posesión en forma pacífica e ininterrumpida hasta ese momento", concluyeron Nuzzo y Arri.
