La semana pasada, el fallo de un tribunal de juicio de Venado Tuerto condenó a once años de prisión a un padrastro abusador, pero lo dejó en libertad respetando sus garantías individuales de que nadie es culpable hasta que la sentencia quede firme.
Para el fiscal Iván Raposo que llevó adelante la causa, el fallo se presenta como "contradictorio". Para la familia de la víctima, resulta poco menos que "incomprensible". Y para los entendidos en la materia penal, bien podría ser el fruto de una interpretación "garantista" del Derecho.
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El jueves pasado, los jueces Adrián Godoy (presidente), Paula Borrello y Mauricio Clavero condenaron a Luciano Oscar Calderón, de 36 años, por el abuso de la hija menor de su expareja. El tribunal -por unanimidad- le impuso 11 años de cárcel como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser guardador y aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima.
Como Calderón había atravesado las distintas etapas del proceso en libertad, incluso bajo esa condición asistió al debate, el fiscal Raposo solicitó en su alegato final se lo condene a 18 años, se ordene la inmediata detención e imponga prisión preventiva. Aunque el monto de la pena fue menor, la medida cautelar fue dictada efectivamente por los jueces, pero supeditada a una futura instancia de apelación, por lo que se convirtió de hecho, en una mera declaración vacía.
"Sensación de impunidad"
"El mismo tribunal que lo condenó dispuso la prisión preventiva" no obstante quedó en libertad, explicó el fiscal Raposo, quien agregó que "ese mismo día del fallo la defensa (a cargo del Servicio Público Provincial) apeló la cautelar impuesta por el tribunal" y por lo tanto no quedó firme. "Ahora estamos a la espera que un juez de Cámara decida si confirma el decisorio de los jueces o el imputado queda en libertad hasta que el fallo (condenatorio) quede firme".
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De no haber ocurrido la apelación de la defensa, el fiscal podría haber insistido con la detención una vez vencido el plazo de tres días para recurrir a la segunda instancia, pero ésto no sucedió. Al mismo tiempo, se espera que sea apelada la sentencia en los próximos diez días, por lo que la condena tampoco estará firme al momento de tratarse la cautelar.
El funcionario del MPA reconoció que resoluciones de este tipo, si bien se encuentran en el marco de la ley, "generan una sensación de impunidad en la sociedad". "Una pena tan grande y que la persona espere a que quede firme para cumplirla resulta contradictorio". "La misma madre de la víctima me preguntaba por qué no va preso si fue condenado", destacó.
