El Bloque “Frente de Todos” del Partido Justicialista de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe expresa su preocupación ante la actitud de los diputados que integran la Comisión de Juicio Político de dicha Cámara, quienes movidos solo por intereses partidarios intentan llevar adelante un proceso de juicio político al margen de las normas constitucionales y legales vigentes.
El intento de juicio político contra el exministro de Seguridad, Marcelo Sain, no puede seguir adelante tras la renuncia del mismo a su cargo, aceptada por el gobernador Omar Perotti (decreto 215 del 19 de marzo de 2021). Allí mismo debió extinguirse la acción impulsada por la oposición, ya que tras su renuncia la única decisión que le cabe a la Comisión es cerrar el proceso, disponer su archivo y abstenerse de impulsar medidas investigativas en dicho ámbito.
Parece absurdo tener que explicarlo, pero la renuncia de Sain y su aceptación constituyen hechos políticos y jurídicos en los que se han cumplido todos los pasos formales y sustanciales que corresponden, por lo cual ha asumido en dicha cartera un nuevo ministro de Seguridad, Jorge Lagna, quien está en funciones, todo lo cual es de público y notorio conocimiento.
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Resulta llamativo que un sector de la oposición esté más preocupado en discutir nombres propios (en este caso el de Sain) que en discutir cuestiones de fondo, como la reforma de las leyes de seguridad, presentadas hace meses por el Poder Ejecutivo y sin posibilidad, hasta el momento, de ser discutidas. Los niveles de violencia que ha alcanzado la provincia en la última década merecen un debate serio sobre las políticas implementadas y a implementar, y no sobre nombres propios, más aún desde el sector político que gobernó Santa Fe durante esa década.
El artículo 98 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe precisa taxativamente contra quiénes se puede iniciar un juicio político, cuyo objetivo final es la destitución del cargo. Por si hiciera falta aclararlo, no puede destituirse a quien ya no es ministro.
No se puede extender el proceso a ninguna otra función pública, ni a quien ha dejado voluntariamente de ejercer el cargo por el cual se lo cuestiona. Por lo tanto, no queda otro camino que cerrar el proceso.
Ninguna otra persecución puede seguirse por esa vía, que debe ser definitivamente clausurada, y no corresponde ningún otro trámite más que el archivo. No existen antecedentes de la realización de un juicio político en las condiciones de esta persecución impulsada por la oposición, ya que ello resultaría violatorio de las normas convencionales, constitucionales, y legales vigentes e imperativas para todos los poderes del Estado.
El exministro de Seguridad, a su vez, se ha reintegrado a su cargo de Director del Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación, cargo que obtuvo por concurso (durante la gestión anterior) y en el que tenía licencia legal y oportunamente otorgada por el Fiscal General del MPA para ejercer en la citada cartera, y quien en virtud de la renuncia del ministro a la misma, resolvió el cese de licencia y la reintegración a sus funciones.
El Derecho Internacional de los derechos humanos, que conforma el bloque de constitucionalidad vinculante para nuestros tribunales, y para toda la administración pública, desde la reforma constitucional de 1994, (art. 75 inc. 22) y en particular el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha establecido importantes estándares en materia de división de poderes y exigencias de debido proceso, judicial, administrativo o “no estrictamente judicial".
La división de poderes está en la esencia del estado de derecho ( arts. 1, 5 y 29 CN, y art. 1 CPSF) y las garantías del debido proceso ( art. 18 CN, y 9 CPSF ) son insoslayables para los distintos poderes del estado, ya que cualquier órgano que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, o punitivas, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del art. 8.1, 8.2 y 25 de la CIDH, y las normas equivalentes de demás convenciones, pactos y tratados.1
Por lo tanto, consideramos que es obligación de la Cámara de Diputados preservar la institucionalidad y respetar los principios constitucionales vigentes, evitando las persecuciones arbitrarias e ilegales, a través de un Juicio político que se ha tornado abstracto, y encausar las medidas que se consideren necesarias por las vías correspondientes.
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Qué dijo Leandro Busatto
En diálogo con CADENA OH!, el diputado Leandro Busatto sostuvo que los legisladores del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) y de Cambiemos "intentan avanzar avasallando las instituciones en una situación inédita".
"Toman la denuncia de una diputada nacional (Lucila Lehmann) cuando Marcelo Sain era ministro. Al renunciar al cargo, no le caben responsabilidades para ser juzgado en un juicio político; quieren poner su nombre en la agenda pública, sin discutir otras cuestiones de fondo", aseveró.
Para Busatto, "hay que tener cuidado de no tomar a las instituciones de rehenes. Es más prudente que busquemos soluciones al problema de la seguridad y la justicia para los santafesinos".
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