Cuatro exfuncionarios de la Justicia federal de Rosario están denunciados por haber integrado una asociación ilícita durante la última dictadura cívico militar dedicada a falsear declaraciones de detenidos, rechazar pedidos de hábeas corpus, encubrir y fraguar hechos en el contexto de un plan sistemático de represión ilegal, y los querellantes reclaman que se produzcan avances en la investigación.
Se trata de una causa iniciada a raíz de una presentación formulada por la agrupación HIJOS ante el juzgado federal número 4 de Rosario, a cargo del magistrado Marcelo Bailaque, para que se cite a declaración indagatoria y se detenga al exjuez Guillermo Tschopp, a los exfiscales Pedro Tiscornia y Luis Vázquez, y a Horacio Claverié, un antiguo secretario judicial.
"Creemos que es fundamental que se comience a analizar el rol que tuvo la parte civil de la dictadura con el plan sistemático de represión que se desarrolló en Argentina. Hay que avanzar sobre esas responsabilidades. Pedimos que se produzcan medidas, se llame a indagatorias para que avance la investigación", señaló en diálogo con Télam Nadia Schujman, abogada y representante legal de HIJOS en Rosario.
La cronología
En agosto de 2018, HIJOS presentó una denuncia contra Tschopp, titular del juzgado federal 2 de Rosario durante la última dictadura, por su actuación en los casos de 16 personas que habían sido detenidas ilegalmente, torturadas e incluso desaparecidas.
En aquella presentación se citaba el caso de un detenido (cuya identidad se preservó) que tras denunciar ante el magistrado las torturas que había recibido en la sede del Servicio de Informaciones de la Policía de Rosario, recibió como respuesta del magistrado: "¿Usted cree que voy a borrar con el codo lo que los militares escribieron con la mano?
El juez se refería a las actuaciones de un Consejo de Guerra que había condenado a 8 años a la víctima y su respuesta fue convalidar esa instancia y aumentarle la pena a 10 años de prisión.
La investigación
En base a esa denuncia, el fiscal federal Adolfo Villate inició una investigación que incluyó el análisis de 134 recursos de Habeas Corpus presentados por familiares de víctimas del terrorismo de Estado, 29 expedientes seguidos contra 58 detenidos políticos en el marco de las leyes antisubversivas y 10 recursos de amparo, y resolvió citar a indagatoria al exjuez, en junio de 2020.
En la resolución de Villate se describen hechos padecidos por los detenidos que eran denunciados ante Tschopp, quien ignoraba las declaraciones.
"Su actitud (la del juez Tschopp) era la de un torturador más en el esquema de interrogatorio que tenían; a pesar de eso yo hago la denuncia de los apremios. En ese momento me pide los nombres y yo en las condiciones que estoy y con la actitud de él no le puedo dar nombres porque me inhibía su actitud; yo no estaba ante la Justicia, estaba ante un cómplice de quienes me torturaron", declaró Esther Cristina Bernal, en el marco del debate del juicio Feced II y su testimonio está citado en la denuncia de la Fiscalía.
Por este y otros hechos, el juez Bailaque decidió procesar al magistrado, que se desempeñó entre 1976 y 1983 en los tribunales federales de la ciudad.
Además, Tschopp quedó imputado como partícipe de siete casos de homicidio, entre ellos los de los ciudadanos peruanos Rory Céspedes Chung y María Antonieta Céspedes Chung, que vivían en el domicilio de Conrado Galdame, muerto de un disparo en la sede del Servicio de Informaciones.
Para encubrir el asesinato de Galdame, sus captores fraguaron un procedimiento en su domicilio, ubicado en Pelegrini 1685 de Rosario, donde fueron ejecutados los hermanos Céspedes Chung, y estas actuaciones habrían sido convalidadas por Tschopp, quien se encuentra en la actualidad bajo arresto domiciliario.
