Tras el rechazo del amparo que había presentado Goyeneche por parte del Superior Tribunal de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento tuvo el camino liberado. El sábado a la noche se conoció el voto de la presidenta del cuerpo, Verónica Mulone. La representante del Colegio de la Abogacía es, hasta ahora, la única que rechazó la destitución de la fiscal.
Su decisión empató la votación que ya tenía un voto en contra de Goyeneche del vocal del Superior Tribunal de Justicia, Juan Smaldone. Luego de Mulone, el expediente pasó a votación de otros dos integrantes del Superior, Gisela Schumacher y Daniel Carubia. Ambos se inclinaron por la remoción de la Procuradora.
Este mediodía votó el senador Armando Gay y desequilibró la balanza. El legislador también opinó que Goyeneche debía ser destituida. Así la votación quedó 4 a 1. A primera hora de la tarde incorporó su decisión Gonzalo García Garro, que también se sumó al fallo destitutorio. Por último, el diputado provincial Gustavo Zavallo votó por una sanción que no es destitutoria, pero es una decisión sui generis porque el Jury de Enjuiciamiento no tiene esa facultad. Sin embargo,la votación cerró 5-2.
"Lo que se viene es la destitución", se había resignado la propia Goyeneche en dichos a Infobae la semana pasada. A Goyeneche le quedan dos alternativas:
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La primera es el recurso extraordinario federal que se presentará en los próximos días ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de que el máximo tribunal analice la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que denegó el amparo con el que la Fiscal pretendía dejar de lado la actuación del fiscal ad hoc Gastón Justet en el jury y reponer como órgano acusador al Ministerio Público Fiscal.
La segunda es la apelación ante la Justicia de la decisión del Jurado que, pese a ser un órgano constitucional, tiene características administrativas y, por tanto, sus decisiones pueden ser revisadas en Tribunales.
Había quedado sentada en el banquillo de los acusados después de haber intervenido en varias causas resonantes, que describieron con detalle circuitos de corrupción de la política de Entre Ríos.
Quedaron salpicados dirigentes peronistas de primera línea, pero también de la oposición. El caso de los “Contratos de la Legislatura” provincial reveló un entramado para extraer del Estado, vía contratos de locación, ingentes recursos públicos todos los meses durante años. “Se descubrió una organización mafiosa que simuló contratos desde 2008 por 53 millones de dólares”, explicó en su momento según Infobae.
