La Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanó el estudio y la casa de una escribana en el marco de la pesquisa por una cadena de estafas cometidas por el Grupo Praga SA, firma dedicada a emprendimientos inmobiliarios y a la compra de vehículos cuyos responsables, los empresarios Bruno P. y el ex rugbier de Duenes Leandro "Tanque" G., fueron imputados por fraude.
La medida fue requerida por una Fiscalía de Investigación y Juicio por falsa denuncia y falsificación de documento público. La escribana en cuestión, que sostiene ser una víctima más de las estafas, no está imputada de ningún delito pero sí bajo sospecha en un caso que supone defraudaciones millonarias cometidas por y contra personas de alto poder adquisitivo.
Lo establecido hasta el momento es que la empresa objetada fue desmantelada como así también la casa de Bruno P., quien está bajo prisión preventiva. Y que hay un tendal de damnificados que vendieron sus vehículos contra cheques a plazo que al momento de ser liquidados resultaron no tener fondos.
Leer también Incautaron estupefacientes, armas y dinero tras nueve allanamientos en Venado Tuerto y Capitán Bermúdez
Desde la imputación inicial del 5 de marzo, la fiscal Valeria Haurigot recibió denuncias referidas a negocios fraudulentos con autos de alta gama, inmuebles y dinero en efectivo.
Denunciante bajo sospecha
Lo que motivó el allanamiento a la escribanía es la presentación de su propia titular, quien dijo haber sido víctima de estafa en la compraventa de un vehículo Kia Sorento por parte de los imputados, a quienes dijo no conocer. Lo que sí señaló es haber llegado a ellos por intermedio de su marido, un empresario dedicado a la construcción de edificios y bienes raíces. Además, la profesional mencionó que le habían falsificado su firma y su sello en una autorización de manejo para otro auto.
En ese orden, el 9 de marzo Aldo T. denunció haber sido víctima de una estafa en la compraventa de un BMW Q5 valuado en 3 millones de pesos de parte del Grupo Praga, a cuyos socios entregó el vehículo que fue secuestrado cuatro días después en poder de Gustavo V., quien a su vez dijo haberlo comprado a Aníbal N. Pero hasta ayer ninguno de los dos había reclamado nada.
El vendedor original y denunciante, Aldo T., acudió el 11 de mayo a la AIC y requirió que le devolvieran su camioneta. En la guantera halló un documento por el cual él autorizaba a varias personas, entre ellos Aníbal N., a circular sin límite de tiempo y fuera del país en ese vehículo, lo que según él jamás había autorizado. El documento no tiene la firma de Aldo T., aparece validado por la escribana cuyo estudio fue allanado y tiene la foja de certificación y legalización del Colegio de Escribanos.
El allanamiento a la escribanía fue requerido porque su titular denunció que la habían estafado con la venta del Kia Sorento falsificando su sello y su firma en una autorización de circulación a favor de Daniel C., otro hombre que se presentó en la Fiscalía como damnificado del Grupo Praga en relación a inmuebles.
Hipótesis de una madeja
La fiscal Haurigot ordenó el operativo porque la escribana no mencionó en la denuncia nada sobre el poder apócrifo que tenía su firma y que permitió que cuatro personas tuvieran derecho a conducir el BMW de Aldo T., una madeja a desentrañar.
¿Por qué surge la sospecha contra la escribana? Porque cuando ella realizó la denuncia de la estafa con su Kia Sorento dijo que le habían falsificado la firma para una autorización de manejo en favor de una persona de apellido C. La profesional dijo que nunca vio el documento falso pero que una gestora llamada Mariana, de la que adujo ignorar más datos, le mandó una foto por WhatsApp de esa certificación adulterada.
Leer también Coty Hernández rompió la cuarentena y le iniciaron una causa
Pero no queda claro en la denuncia hecha ante el fiscal por qué la supuesta gestora había mandado a preguntar si ella había autorizado ese documento cuando la propia escribana dijo que no la conocía. Luego se supo que la gestora es la esposa del empresario preso imputado por las estafas.
En la escribanía los pesquisas incautaron los libros de certificaciones. Las hipótesis son dos: una es que la profesional está involucrada en el caso penal; la otra es que todo fue fruto de una falsificación profesional al punto que le fraguaron con calidad la firma, las actas del Colegio de Escribanos y la rúbrica de la secretaria de la institución. Otro punto llamativo es que, de acuerdo a fuentes de la pesquisa, un permiso de manejo requiere de una habilitación con clave personal del propio escribano concedente ante la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor, gestión que en este caso fue realizada.
Con información de LC
