La causa que investiga a la metalúrgica Acindar de Villa Constitución por presunta contaminación ambiental con residuos peligrosos incorporó un informe revelador. La Asociación Civil Cuenca Río Paraná notificó que se conocieron los resultados de muestras extraídas en el último allanamiento –analizadas por un organismo nacional– y revelaron la presencia de metales pesados en niveles superiores a los tolerados tanto en el suelo como en las aguas subterráneas del predio industrial y sus alrededores.
Según la pericia realizada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que ordenó la Justicia Federal de Rosario, las muestras contenían niveles elevados de zinc, cobre y plomo, algunos de los metales pesados que hay en el polvo de acería, uno de los residuos peligrosos para la salud y el ambiente que genera la actividad metalúrgica, informó Cuenca Río Paraná.
Las muestras sólidas fueron extraídas en el sector de acopio de chatarras de la fábrica y en los espacios públicos del río Paraná y su ribera, ya que la planta industrial de Acindar está ubicada en el margen derecho de la costanera, a tan solo 4.000 metros del casco céntrico de Villa Constitución, y su escoria invade bañados y sedimentos del río.
Los resultados que analizó el INTI fueron incorporados al expediente judicial. La primera medida que tomó la Fiscalía Federal de Rosario fue enviarlos a la UFIMA, que investiga delitos contra el medio ambiente a nivel nacional, para que emita un informe sobre los metales pesados detectados en las pericias.
Rellenos en la costa
“Estamos ante un verdadero escenario de contaminación masiva y escandalosa. Es altamente preocupante”, dijeron desde Cuenca Río Paraná, querellantes en la causa penal que investiga la presunta infracción en el manejo de residuos peligrosos por parte del Grupo Arcelor Mittal, principal productor siderúrgico y minero a nivel mundial que en la Argentina controla el 99,5% de Acindar.
Los miembros de la Asociación Civil expresaron aún mayor preocupación por los permisos estatales que obtuvo la multinacional que adquirió Acindar respecto al tratamiento de sus residuos peligrosos. Según la ONG, el Ministerio de Ambiente de Santa Fe autorizó dos “rellenos de seguridad” en la misma zona costera del río Paraná, lo que consideraron una “aberración”.
“Nos preguntamos con qué fundamento el Estado provincial autorizó una disposición final de esos residuos tan riesgosa para el medio ambiente y la salud. Por qué no obligó a la empresa a que maneje esos contaminantes de forma más segura y sobre todo lejos del río. Es sabido que esos depósitos generan lixiviados, que el agua de lluvia pasa por los residuos, los filtra y va a las napas, y que en ese proceso arrastra los contaminantes. Lo mismo pasa con el suelo ribereño: cada lluvia, cada viento, cada crecida arrastra esos contaminantes”, cuestionaron desde Cuenca Río Paraná.
“Estamos hablando de la incorporación de sustancias que adulteran y degradan la calidad ambiental y ponen en peligro a la salud. Ahora las pericias demostraron que el acuífero subterráneo y el suelo están contaminados con los mismos metales que tienen los polvos de acería”, agregaron. De esa manera se refirieron a metales como zinc, cobre y plomo detectados en niveles que exceden los parámetros legales que regula el decreto 831/93 (anexo II, Tabla 9).
Residuos peligrosos
Las muestras peritadas fueron extraídas durante allanamientos ordenados por el juez federal Carlos Vera Barros en noviembre de 2022, realizados por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, en el marco de la causa por presunta infracción a la ley de residuos peligrosos (ley 24.051).
Los mismos se realizaron durante dos días consecutivos. En el primero se tomaron muestras alrededor del predio industrial, espacios públicos conformados por el agua del río Paraná y su ribera, y también dentro de la planta, en especial las áreas donde alojan chatarras y otro tipo de desechos industriales.
Durante la segunda jornada se allanaron oficinas para recabar información sobre permisos ambientales y documentación relevante, entre la que apareció un informe que había sido encomendado por la propia empresa para evaluar los efectos de sus residuos y alternativas de tratamiento.
Según los querellantes, se trata de un informe realizado por una empresa privada contratada por Acindar donde mencionan la detección de metales pesados en niveles elevados y recomendaciones de “alternativas sorprendentes” como el desvío del acuífero subterráneo.
Explosión
La causa fue iniciada a partir de una explosión de gran magnitud en el depósito de chatarra compactada de la planta Acindar, en diciembre de 2019, que alertó a los vecinos de Villa Constitución. El sector ardió durante dos días y necesitaron 17 dotaciones de bomberos para controlar el fuego.
Al profundizar la investigación sobre el siniestro, la ONG que brega por la conservación del medio ambiente en el cordón industrial del sur santafesino detectó presuntas infracciones, como dos inmensos depósitos de residuos sobre la zona costera, rodeados de humedales y bosques nativos, que observaron a través de imágenes satelitales.
El caso por presunta infracción a la ley de residuos peligrosos avanzó hasta que en diciembre de 2021 la Policía Federal Argentina realizó el primer allanamiento y tomó muestras de suelo, agua y escoria, además de secuestrar documentación sobre los procesos de relleno con residuos sólidos.
Ese año, Arcelor Mittal, el mayor grupo siderúrgico mundial, anunció una ganancia neta de 2.285 millones de dólares durante el primer semestre. Ahora la Justicia deberá determinar si la multinacional que controla Acindar, y conservó en su nombre las siglas que abrevian Industrial Argentina de Acero, invierte parte de sus recursos en evitar que la actividad industrial degrade el ambiente y la calidad de vida de los argentinos.
