Por Ing. Marcelo Schvarzstein (*)
El Acuerdo de Pilar, que tuvo lugar en 1820, fue un evento clave en la historia argentina que siguió a la batalla de Cepeda. Este acuerdo sentó las bases del Federalismo en Argentina, marcando un paso importante hacia la consolidación de una organización nacional. Durante este período, el país experimentó numerosas luchas sangrientas que llevaron a la comprensión de la necesidad de una estructura federal.
En el marco del federalismo argentino, es crucial entender que no se trata simplemente de un conjunto de provincias, sino de una forma de organización en la que las provincias delegan ciertas atribuciones en un poder central, preservando al mismo tiempo su autonomía. Este principio se refleja en el artículo 121 de la Constitución Nacional, que enumera las competencias delegadas de las provincias al Estado nacional.
Un aspecto fundamental del federalismo es la descentralización de recursos tributarios, como afirmó Juan Bautista Alberdi, quien sostenía que no puede haber un estado sin recursos. La Cámara de Senadores, con representación de tres legisladores por provincia, simboliza el sentido de compartir decisiones entre las provincias y la nación, como se establece en el artículo 5 de la Constitución Nacional.
La historia constitucional de Argentina destaca que Santa Fe fue la primera provincia en dictar su constitución en 1819, marcando el inicio de la organización federal. Principios como subsidiaridad, solidaridad y buena fe federal se consideran fundamentales en la construcción de la República Federal Argentina.
Dentro de este contexto, las autonomías provinciales deben ser analizadas en términos de sus capacidades para lograr una efectiva descentralización de recursos y competencias. Esto implica un equilibrio entre la autonomía provincial y la coordinación con el poder central para garantizar el bienestar general.
En cuanto a la gestión presupuestaria, se destaca la importancia de la Ley de Leyes, que comprende los presupuestos anuales de los distintos niveles del Estado. Es esencial la participación activa de todos los legisladores, independientemente de su formación, en la formulación, discusión y seguimiento del presupuesto. Estos números representan el compromiso de los dirigentes políticos con la mejora y el progreso de sus respectivos territorios.
Lamentablemente, se señala una falta de transparencia en el manejo de los presupuestos, subrayando la necesidad de un seguimiento más riguroso. Los dirigentes políticos deben dejar de improvisar y comprometerse a estudiar permanentemente la realidad que los rodea, ofreciendo explicaciones claras y basadas en información precisa sobre cuestiones políticas, económicas y sociales.
En la actualidad, es imperativo conocer en qué se destinan los recursos a nivel nacional y provincial desde que la responsabilidad de áreas como educación, salud, vialidad y seguridad fue transferida a las provincias durante la presidencia de Menem. Este conocimiento es esencial para evaluar el impacto de las políticas y programas en la sociedad y garantizar una gestión eficiente y transparente.
La Ley de Coparticipación Federal 23.548, sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987, es un hito significativo en la historia de la distribución de recursos entre el Gobierno Nacional y las provincias en Argentina. Esta ley estableció un nuevo régimen de coparticipación, definiendo cómo se distribuirían los recursos fiscales entre el gobierno central y las provincias.
La Coparticipación Federal es esencial para el federalismo argentino, ya que busca equilibrar el reparto de recursos financieros y fiscales entre la Nación y las provincias. La Ley 23.548 introdujo cambios significativos en la distribución de ingresos, estableciendo porcentajes específicos para cada jurisdicción.
En sí, esta ley tiene por objeto la coordinación y distribución de los impuestos que recauda el estado nacional por una delegación que las provincias otorgan a la nación al respecto.
La Nación retiene para sí una porción de lo recaudado y el resto debe distribuirlo entre las provincias.
La ley de coparticipación del Gobierno de Alfonsín por primera vez se les dio a las provincias un porcentaje mayor que a la Nación. Se estableció una distribución primaria del 42,34% para la Nación y del 54,36% para las provincias, apartando un 2% para la recuperación del nivel relativo de desarrollo de las provincias más atrasadas, y 1% al fondo de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN).
Dada la importancia de la Coparticipación Federal en el marco del federalismo argentino y la necesidad de revisar y actualizar su funcionamiento, es relevante considerar una discusión para una nueva ley que aborde los desafíos actuales y promueva un equilibrio justo entre la Nación y las provincias en términos de recursos y responsabilidades. Esto contribuiría al desarrollo equitativo de todas las regiones y fortalecería el federalismo argentino.
En el marco de la Ley de Coparticipación Federal 23.548, es fundamental comprender qué impuestos son coparticipables y cómo se distribuyen entre el Gobierno Nacional y las provincias. Esta ley establece los porcentajes y los mecanismos para compartir los ingresos tributarios, garantizando una participación equitativa de las provincias en los recursos fiscales del país.
Los impuestos coparticipables son aquellos tributos cuyos ingresos se distribuyen entre la Nación y las provincias según lo establecido en la ley. Algunos de los impuestos coparticipables incluyen:
Impuesto a las Ganancias: Este impuesto sobre las ganancias empresariales y personales es uno de los principales recursos coparticipables. La ley define los porcentajes que corresponden a la Nación y a las provincias.
Impuesto al Valor Agregado (IVA): El IVA, aplicado a bienes y servicios, también forma parte de los recursos coparticipables. Su distribución entre la Nación y las provincias se encuentra regulada por la Ley de Coparticipación Federal.
Impuestos Internos: Algunos impuestos internos, como los relacionados con el tabaco y las bebidas alcohólicas, también son considerados en el esquema de coparticipación.
Impuesto a los Combustibles: Los ingresos derivados del Impuesto a los Combustibles líquidos y al dióxido de carbono también son coparticipables, contribuyendo a la financiación de las distintas jurisdicciones.
Actualmente existe una distorsión de qué porcentajes de los impuestos son coparticipables y cuáles van directamente al Tesoro Nacional. A ello se agregan los fondos fiduciarios que no impactan debidamente en las encomias Provinciales.
Los porcentajes de coparticipación de estos impuestos se establecen en la ley y han sido objeto de revisión y ajuste a lo largo del tiempo. La Ley 23.548 fijó los porcentajes de coparticipación secundaria para las provincias, definiendo cuánto recibiría cada una de ellas en función de la recaudación total de los impuestos coparticipables.
Es necesario tener en cuenta que, a lo largo de la historia, los porcentajes de coparticipación han sido motivo de negociación y ajuste entre la Nación y las provincias, reflejando la dinámica política y económica del país. La revisión y actualización periódica de estos porcentajes son esenciales para garantizar un sistema equitativo y justo que promueva el desarrollo conjunto de todas las regiones de Argentina.
En este contexto, la discusión sobre la Ley de Coparticipación Federal se convierte en un punto clave para fortalecer el federalismo y promover el impulso de las economías regionales, asegurando una distribución equitativa de los recursos fiscales y una mayor autonomía financiera para las provincias.
Gobierno de Carlos Menem (1989-1999):
Durante el gobierno de Carlos Menem en la década de 1990, se realizaron modificaciones importantes en la Ley de Coparticipación Federal. En 1992, mediante el Decreto 118/92, Menem impulsó una reforma que implicó una reducción significativa en la participación de las provincias en la coparticipación federal. Este decreto estableció un tope del 21% para la participación de las provincias, lo que llevó a una centralización mayor de recursos en manos del Gobierno Nacional.
Bajo la presidencia de Carlos Menem, hubo pactos que tuvieron cierta influencia en la asignación de recursos. En 1992 se establecieron fondos pre-coparticipables, que permiten a la Nación quedarse con un 15% de la masa de recursos antes de la distribución primaria, para asignarlos discrecionalmente
Esta medida generó controversias y tensiones entre la Nación y las provincias, ya que muchos consideraron que limitaba la autonomía financiera de las jurisdicciones locales. Las provincias perdieron autonomía en la gestión de sus recursos, y la coparticipación se vio afectada en términos proporcionales.
En términos de responsabilidades, el gobierno de Menem también traspasó ciertas áreas de competencia a las provincias, como la educación, la salud y la seguridad, en un proceso conocido como descentralización. Sin embargo, este traspaso de responsabilidades no estuvo siempre acompañado de los recursos financieros necesarios, lo que generó desafíos para las provincias en la gestión de estas áreas.
Gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001): En el breve mandato de De la Rúa, no se realizaron cambios sustanciales en la coparticipación federal. Sin embargo, su gobierno enfrentó una crisis económica severa que culminó en la crisis financiera de 2001.
Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015): Durante estos gobiernos, se realizaron cambios en la distribución de la coparticipación. En 2006, Néstor Kirchner derogó el Decreto 118/92, lo que permitió aumentar la participación de las provincias en los recursos coparticipables. Sin embargo, en 2009, Cristina Fernández de Kirchner volvió a centralizar parte de la coparticipación, afectando la autonomía provincial.
Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019): Durante el mandato de Macri, se implementaron medidas para aumentar la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las provincias. En 2016, se firmó el Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias, estableciendo nuevos acuerdos sobre la distribución de recursos. Sin embargo, estas medidas también generaron tensiones con algunas provincias.
Gobierno de Alberto Fernández (2019 - Presente): En 2020, durante la pandemia de COVID-19, el gobierno de Fernández disminuyó temporalmente la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para financiar la policía de la provincia de Buenos Aires. Esta medida generó controversias y debates sobre la distribución equitativa de los recursos.
Es importante destacar que la coparticipación fiscal ha sido un tema constante en la agenda política argentina y que las decisiones tomadas por cada gobierno han influido en la autonomía financiera de las provincias. La discusión sobre la coparticipación sigue siendo relevante, y las posiciones sobre este tema pueden variar según las administraciones y las circunstancias económicas del país.
La constituyente de 1994 estableció en la cláusula transitoria sexta, que el régimen de coparticipación y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996. O sea que estamos en deuda con este tema tan importante.
Un país macro cefálico donde la mayor parte de la población está radicada en una reducida superficie, mientras que hay jurisdicciones sin ningún apoyo es consecuencia de la misma problemática.
La Coparticipación Federal es el corazón de los recursos para la existencia del Federalismo.
Hoy es muy difícil desentrañar el complejo laberinto de la Coparticipación.
Sin una Coparticipación Federal actualizada se pierde el concepto de República.
La centralización de subsidios ha venido sirviendo para que el poder central presione a las provincias quitándoles las autonomías.
Es ridículo pensar que el gobierno central deba tener influencia en el boleto urbano de ciudades del interior.
Es ridículo pensar que el gobierno central deba definir los salarios de empleados provinciales.
Eso quiere decir que no están bien definidos los roles tanto de la Nación como de las Provincias.
Entonces podemos concluir que si tendríamos una coparticipación equitativa cada jurisdicción podría definir en forma AUTONOMA que es lo que sus ciudadanos necesitan que se les subsidien o no.
Un tema esencial a tomar en cuenta es la coparticipación secundaria, o sea lo que le corresponde a cada una de las provincias.
Por otra parte también es necesario romper con lo que significan las ventajas desiguales. Algunas jurisdicciones reciben regalías hidrocarburíferas o mineras, mientras que provincias como las de Santa Fe no reciben ningún beneficio por las explotaciones agropecuarias.
El imperativo de la hora es volver a poner en la discusión todos estos temas que nos lleven a un NUEVO PACTO FEDERAL.
En tal sentido La Provincia de Santa Fe puede y debe liderar esta convocatoria.
(*) Ex Director General de Provincias del Ministerio de interior en el Gobierno de Raúl Alfonsín.
