El impacto que provoca una situación de una empresa como Vicentin sobre todo el aparato productivo, no solamente en el norte de la provincia, es de alto impacto. Además de sus ribetes nacionales, hace que exista un interés manifiesto del Estado en sostener una actividad productiva, donde se generan mano de obra y riquezas para la provincia de Santa Fe.
Ante esto, el presidente Alberto Fernández anunció el pasado 8 de junio la intervención del grupo cerealero Vicentin y dijo que remitirá al Congreso un proyecto de ley para su expropiación. En este sentido el mandatario destacó que será para “rescatar” a la empresa de manera que le permitiría afrontar la crisis financiera.
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"Esto fue una situación de una vuelta de apertura de una grieta", dijo el ministro Gabriel Somaglia en una entrevista exclusiva con los periodistas Carlos Delicia y Darío Gómez de Sin Mordaza TV.
La realidad es que hoy la cerealera tiene una deuda cercana a los 1.600 millones de dólares
En ese sentido, Somaglia indicó que "el gobernador Omar Perotti creyó que lo más importante era salvar a la empresa e instrumentar junto a la Nación una articulación para quieres puedan verse perjudicados con esta situación, como los acreedores, los bancos, etc. Buscar un salvataje mixto donde el Estado participe como gerenciador de todo ese capital y poder salvarla".
Salvataje
El gobernador pide una intervención de la administración de Vicentin. Se empieza a diligenciar una discusión dentro del juicio grande, donde la empresa tiene participación. "La compañía negó las postulaciones que hicimos sobre la necesidad de apartar a los dirigentes. El juez dio un paso importante en convocar a las partes para aprovechar la instancia dentro de un juzgado para buscar una solución", dijo Somaglia.
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A pesar del pedido de la provincia en el desplazamiento de los actuales administradores, el juez Lorenzini invocó a las partes para encontrar posiciones. Los resultados fueron “satisfactorios”, ya que la firma reconoció la situación crítica y la existencia de una crisis de confianza por parte del sector de acopiadores de cereales.
“Ante la crisis de confianza que no permite renovar las operaciones, es cuando entra el interés público estatal, para buscar algún mecanismo de salvataje de la empresa y que los productores puedan seguir trabajando como también la empresa”, explicó el ministro.
El cómo del salvataje
Según el secretario de Justicia, ambas partes coincidieron que el fideicomiso se reveló como una herramienta posible para organizar un rescate jurídico. Con él, tanto los gobiernos de la provincia y nación, articularían acciones para que acreedores, inversores y acopiadores sean parte de la empresa al recibir acciones de la compañía en función de sus diversas situaciones.
“Lo central de la posición de la firma, fue mostrar su conformidad con el fideicomiso, que tendrá el poder político para nombrar nuevo directorio y apartar al actual, sin necesidad de intervención judicial”, señaló el funcionario.
Existe una necesidad imperiosa. Todos aquellos que puedan confiar en el Estado y sumarse al rescate de la empresa, necesitan tener una garantía y son las acciones de la empresa Vicentin. Es decir los títulos de propiedad de la firma".
Esto no es para cualquier funcionario político. Tanto el equipo de Gabriel Delgado como el de Perotti están buscando profesionales vinculados al agro, que sepan de todo esto
En ese sentido, Somaglia afirmó que los acreedores, si conforman con el Estado, con bancos y otros inversores un fideicomiso , van a constituir una entidad mixta que será fiduciaria. Y recibirán un cargo de salvar a la empresa. "Les darán el 100 por ciento de las acciones, pasan a ser dueños pero con un encargo: el salvataje. Una vez salvada la empresa, las acciones deberían volver a Vicentin. Pero los que integren el fideicomiso pedirán que les paguen con las acciones", explicó el ministro de Justicia.
Patrimonio de Vicentin
La realidad es que hoy la cerealera tiene una deuda cercana a los 1.600 millones de dólares. "Y si hay que rematar los activos, no se obtendrían mas 500 u 800 mil dólares. Tendría en realidad una situación de patrimonio negativo de casi la mitad de lo que se debe", indicó Somaglia.
"Es necesario que haya una inyección de recursos frescos para atender los compromisos inmediatos. Y aquellos que estén dispuestos a volver confiar en la actividad y en un proyecto agro exportador nacional capitalicen lo que les deben".
Proyecto Nacional
"Hay un proyecto que si lo liga a toda la actividad que produce Vicentin, vinculada a la energía como es el biodiésel YPF está interesado en participar. Si tiene una derivación en granos y generación de carnes, YPF Agro está interesado en participar. Sobre la logística, podría sumarse Belgrano Cargas para el transporte de granos", analizó el ministro.
Esto no es para cualquier funcionario político. Tanto el equipo de Gabriel Delgado como el de Perotti están buscando profesionales vinculados al agro, que sepan de todo esto".
Interés de empresas internacionales
Para Somaglia, si Vicentin hubiera sido rentable, estas compañías extranjeras la hubieran comprado antes. "Lo cierto es que si acá no hay una conjunción de fuerzas que puedan recuperar esto, es una firma que no tendría una resolución satisfactoria".
"El rédito para la provincia y el gobierno es el salvataje de Vicentin. El quiebre de una empresa es nocivo para la sociedad, y en eso tiene que ver el interés público del Estado", dijo Somaglia.
La justicia santafesina
En otro capítulo de la entrevista en Sin Mordaza TV, el ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe, Gabriel Somaglia analizó la situación de la justicia en la provincia. "Es natural que existan marchas y contramarchas en el nuevo procedimiento penal -que tiene 6 años en actividad plena. Los procesos de selección de fiscales han merecido críticas. Creo que el desafío no es solo del gobierno ni de los fiscales: es institucional", dijo Somaglia.
