Un grupo de acreedores comerciales de Vicentin rechazó duramente la nueva oferta de pago que propuso la cerealera, tras su aprobación por parte del juez del concurso, Fabián Lorenzini, a inicios de esta semana. En un comunicado que emitieron, sus miembros la calificaron como "una propuesta peor, engañosa e ilegal".
Advirtieron que los acreedores que pagan Impuestos a las Ganancias son perjudicados con esta iniciativa, por lo que "es conveniente no cobrar antes que aceptarla". Y anticiparon que presentarán una alternativa que posibilitará el cobro del 100% quienes la apoyen.
Se trata de 72 acreedores granarios que cuentan con más del 25% de la deuda de la empresa, un pasivo que supera los u$s 420 millones sobre los cerca de u$s 1600 millones que adeuda Vicentin. Este mismo grupo propuso un plan de salvataje para la agroexportadora en noviembre, nucleados en el 'Fideicomiso Acreedores Granarios Vicentin', que se plantea como "una solución".
"La supuesta mejora a la propuesta original presentada el 17 de noviembre lejos está de beneficiar a los acreedores granarios. En cambio, propone un ardid para simular la actualización solicitada por el juez y manipular las mayorías concursales, y de esta manera conseguir el número necesario de votos de pequeños acreedores para lograr las mayorías legales en el concurso. Sigue siendo, tal como lo definió Lorenzini, irrazonable, abusiva y potencialmente fraudulenta, violatoria del derecho de propiedad de los acreedores", denunciaron.
"Esto vulnera, a todas luces, la normativa falencial, en tanto afecta el tratamiento igualitario a los acreedores que se encuentran incluidos en una única categoría, es decir, la pars conditio creditorum, principio básico de nuestro sistema concursal", sostiene el texto difundido.
"Dolarizar las acreencias granarias era lo justo para esta cadena que opera 100% en esa moneda y condición fundamental para pensar en un futuro de la empresa. Pero el daño está hecho. Hay acreedores con deudas verificadas en dólares que reciben un trato desigual, al no ofrecerles ningún ajuste en comparación con aquellos verificados en pesos", agregaron.
En ese sentido, rechazaron que exista la posibilidad de recibir pago alguno a los 12 años. "Consideramos nulas las probabilidades de cobrar algún monto luego de que trascurra ese período de tiempo. Esto implicaría que Vicentin se liberaría del desfalco provocado, abonando alrededor del 20% del pasivo concursal total".
Pero el análisis no estaría completo, aclararon, sin mencionar una diferencia sustancial en el esquema de quitas planteadas en ambas propuestas. "En la (propuesta) original, la quita enunciada del 69,75% sería plasmada en el acuerdo concursal, generando la pérdida en los estados de resultados de los acreedores nacionales. Esto permitiría contabilizar los quebrantos impositivos y el consecuente menor pago de impuesto a las ganancias", puntualizaron.
"Tomando las alícuotas vigentes, para la mayoría de los acreedores, representaría un ahorro impositivo del 35% de la quita", expresaron. Y simplificaron el cálculo diciendo que, homologado el acuerdo, los acreedores recuperarían el 30,75% en el tiempo y el 24,41% de ahorro impositivo inmediato.
Pero en la propuesta actual, advirtieron, se propone una capitalización que no se cobra en efectivo, estimada en un 79,5% de la deuda aproximadamente, que será aportada a un fideicomiso, y la misma vendida, por los acreedores, obligatoriamente a los 12 años.
"Esa maniobra implica que no se puede generar el quebranto impositivo hasta dentro de 12 años. Las pérdidas, cumplido el plazo, solo podrán ser compensadas con ganancias de la misma especie. Es decir, en más de una década, los acreedores, podrán deducir impuestos, siempre y cuando ganen dinero por la compraventa de acciones y/o cuotas partes de fideicomisos. Entonces un acreedor que ostente montos significativos recibirá en el primer año,un pago entre 11,5% y 12% de su acreencia, pero no podrá tomarse el quebranto de ganancias de la quita. Es decir, un 35% del 79,5% y un 27,825% del monto verificado", alertaron.
Por todo esto, destacaron que, para los acreedores que pagan impuestos a las ganancias en la Argentina "es conveniente no cobrar antes que aceptar esta propuesta".
Así, para el grupo en cuestión, "la quiebra, el desguace o una quita de la envergadura que plantea Vicentin son un golpe al corazón de la cadena del agro y a cientos de pymes de todo el país, que verán socavados sus capitales de trabajo, construidos con mucho esfuerzo durante décadas".
