Una banda ligada a Los Monos recibía ayuda desde una fiscalía

Se ventiló en una audiencia con acusados de extorsión y ligados a casinos ilegales. Un ex jefe de unidad regional está entre los imputados.

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Una vez más en una investigación penal aparecieron indicios elocuentes de que un grupo delictivo recibe colaboración desde adentro de una Fiscalía. Nada más que ahora las sospechas no se dirigen a policías sino a personal civil del mismo Ministerio Público de la Acusación (MPA). Así se expuso ayer en la audiencia pública en la que se ventiló una trama de extorsiones que llevó a descubrir una red de casinos clandestinos en el Gran Rosario y en la que fueron acusadas cinco personas, entre ellas un oficial retirado de la policía y un hombre que está preso por instigar el atentado cometido en enero pasado contra el Casino City Center donde un apostador resultó asesinado.

La jueza Valeria Pedrana, quien hoy resolverá si acepta el pedido de prisión preventiva hecho por los fiscales, mencionó entre los imputados a cinco hombres con orden de captura por no haber sido localizados. El más conocido es Mariano Ruíz, quien fue condenado como integrante de la banda de Los Monos tras ser investigado por su rol de financista y encargado de la logística de ese grupo. Ayer se señaló que participaba de las extorsiones realizadas por el grupo imputado y que consistían en interceptar a empresarios, comerciantes o personas con problemas legales y prometerles represalias a balazos si no les entregaban importantes sumas de dinero. Según la evidencia aportada en audios o textos de celulares, las denuncias de víctimas o dichos de testigos, eso se hacía en nombre de Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de Los Monos que ya carga sobre su espalda con seis condenas.

La notable revelación sobre la complicidad presunta entre personal del MPA y personas de este grupo delictivo surgió precisamente tras el atentado al Casino

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En esta investigación hubo varios acusados de llamativo perfil. Uno es el comisario mayor retirado Alejandro Torrisi, ex jefe de la Unidad Regional VI de Villa Constitución y con larga trayectoria en el área de Investigaciones de Rosario. El ex policía fue detenido el lunes al salir de un casino clandestino de Villa Gobernador Gálvez con 150 mil pesos en efectivo en un sobre. Otro acusado es Maximiliano “Cachete” Díaz, acusado de participar de extorsiones al Sindicato de Peones de Taxis que incluyeron ataques a balazos, y de ser organizador de la balacera de hace seis meses al casino de Rosario, donde murió alcanzado por un balazo el gerente bancario Enrique Encino. Por estos hechos “Cachete” está con prisión preventiva por dos años desde el 15 de enero.

La pista del casino

La notable revelación sobre la complicidad presunta entre personal del MPA y personas de este grupo delictivo surgió precisamente tras el atentado al Casino. Dos días antes de este hecho, el 9 de enero, dos individuos fueron detenidos con armas en un operativo de Gendarmería Nacional. A partir de la apertura de un teléfono de “Cachete” Díaz, que había sido destruido a propósito, los investigadores supieron que el acusado le pidió a una persona que moviera contactos para lograr la liberación de estos dos hombres.

El que recibió ese pedido debía estar sentado en la audiencia pero no fue hallado. Es Leonardo Andrés Peiti, un hombre de 46 años con reiteradas causas por controlar empresas de juego ilegal y buscado el miércoles sin éxito en varios allanamientos.

Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery dijeron que Peiti recibió el pedido de “Cachete”. Primero se contactó con un policía (sería Torrisi) quien le dijo que no podía hacer nada porque el operativo era de Gendarmería y ya estaba judicializado. Frente a eso, según los fiscales, Peiti se comunicó con alguien en el Centro de Justicia Penal.

El llamado fue a una persona que trabaja en una Fiscalía y le pasó el nombre del que había quedado detenido, Hernán Horacio Quinteros, para que intercediera en su favor. Desde adentro de la Fiscalía, el consultado respondió con información fina: dijo que Quintero se había comido un encubrimiento por circular en un auto robado al ser detenido y que tenía un arma calibre 9 milímetros por lo que le imputaron portación de arma de guerra. También agregó algo significativo como para señalar que poco se podía hacer para beneficiar al detenido. “No tengo la causa yo”. No obstante dejó ver que haría una última gestión intercalando “un comentario”. Agregó por último que al no tener antecedentes al imputado en un mes podrían darle la libertad (ver aparte).

Peiti recibió el mensaje de su contacto dentro de la Fiscalía y se lo reenvió a “Cachete” Díaz para que le quedara claro no sólo que había efectuado la consulta, sino que se la habían respondido.

Hace dos años estos mismos fiscales descubrieron en otra causa, mientras investigaban al narco Esteban Lindor Alvarado, que tres policías que se desempeñaban con ellos en la misma oficina estaban colaborando con Alvarado para desviar la investigación en su contra o ayudarlo con datos. Lo de ahora tiene de parecido el caso es que también un grupo delictivo busca ayuda en una Fiscalía. Pero la diferencia es que la contribución esta vez parece provenir de personal civil del MPA. Una primera forma de delimitar el campo de mirada consistirá en establecer quién trabajó en el mes de enero, que es un mes en el que la mayoría del personal está desafectado por la feria.

La estructura

Lo que se desnudó en la audiencia imputativa de ayer es la existencia de una compleja estructura dedicada a extorsiones de parte de una organización criminal que hostiga a emprendedores económicos que operan al filo de la ley y que por esa razón quedan imposibilitados de denunciar los aprietes. Pero también a personas con negocios lícitos como el dueño de una financiera y el de un bar. La actividad de los chantajistas llevó a descubrir una treintena de casinos clandestinos en la zona de Rosario y su área metropolitana, cuyos responsables pagan de manera regular para evitar represalias.

Uno de los responsables de los locales de juego es Leo Peiti, a quien anoche efectivos del Organismo de Investigaciones (OI) buscaron al allanar una vivienda en Morrison al 8000. Su abogado dijo minutos después a este diario que su cliente está en la provincia de Buenos Aires y que el lunes se pondrá a disposición de la Justicia.

En conexión con Peiti está, según la acusación, el comisario retirado Torrisi detenido el lunes cuando salía con 150 mil pesos de un casino ilegal de Espora 229, en Villa Gobernador Gálvez. Allí había nueve computadoras con un software de juegos de azar a cambio de dinero. Según lo obtenido del celular de “Cachete” Díaz, a Torrisi le reportaban las ganancias de los casinos.

En ese sentido, hay conversaciones en las que le piden al ex comisario autorización para abrir lo que sería una casa de juego de azar. Y otras en las que surge que Torrisi se encargaría de cobrar el dinero de diferentes casas de juego.

En la audiencia también fue acusado Otniel Almonte De León, un ciudadano dominicano de 32 años que ya está preso como coautor del asesinato del policía Cristian Ezequiel Ibarra, muerto a balazos en su auto en julio de 2019 en el marco de una disputa por drogas.

También imputaron a Flavia Broin, pareja de “Cachete” Díaz, a quien le atribuyeron ser encargada de cobrar el dinero producto de la extorsiones.

Los fiscales señalaron que al investigar las tramas extorsivas, en la que está inserto el atentado al Casino City Center, aparece orquestando acciones Ariel Máximo “Guille” Cantero. Esto ya se expuso en enero pasado durante la audiencia del ataque a la sala de juegos de zona sur que le costó la vida a Enrique Encino.

El último de los imputados ayer es José Sebastián Perlo, a quien le atribuyen los delitos de asociación ilícita, extorsión y violación de leyes de juego.

Los negocios y los aprietes

Los fiscales consignaron que en abril de 2019 una persona no identificada se presentó en un bar de San Martín al 1600 y le dijo a su dueño, J.P., que era de la banda de Los Monos. Le indicó que si querían seguir funcionando tenían que pagarles, que ya habían tiroteado otro bar y que si no recibían dinero pasaría algo peor. A partir de allí se hicieron encuentros del comerciante con “Cachete” Díaz, su hermano Brian (prófugo) y José Perlo.

“Esas reuniones se hacían en un bar de Pellegrini 1657 llamado «Mansa» propiedad de Mariano Ruíz”, dijeron los fiscales, y afirmaron que éste participó del cónclave. El extorsionado pagó hasta mayo de 2020 a Flavia Broin, quien pasaba a cobrarle.

Otro caso ventilado ocurrió el 8 de enero de este año cuando dos jóvenes se apersonaron en una casa de cambio de Entre Ríos y Córdoba. Le dijeron a su propietario, Pablo F., que estaban allí a pedido de “Guille” Cantero, que eran amigos de Leo Peiti y que tenía que pagar 5 mil dólares por mes. “¿En concepto de qué?”, preguntó Pablo F. “En concepto de que no te baleamos todo el frente y no puedas laburar más”, fue la respuesta.

Tras una reunión en un bar de Mendoza y Río de Janeiro donde estuvo Peiti, “Cachete” Díaz le dijo al empresario que empezara a pagar porque si no ponía la plata “ellos sabían donde vivía e iban a matar a toda mi familia y que sabían mis hijos van al colegio”. Por eso la víctima se fue del país.

Uno de los que también será imputado en este caso es Rodrigo Ortigala, un amigo de Peiti que es testigo principal contra Esteban Lindor Alvarado. Según los fiscales, Ortigala tenía conocimiento de la maniobra que se estaba ejecutando contra el financista, se comunicó con “Cachete” Díaz y acordó con él “una investigación patrimonial de la víctima, los términos en que debe ser proferida la amenaza y los montos de dinero a exigirle”.

Un topo en el MPA

Una de las pruebas de la que se valieron los fiscales en la audiencia de ayer para sostener que alguien del Ministerio Público de la Acusación traficaba información a favor del grupo acusado es el siguiente mensaje de WhatsApp: “Y Hernán Horacio Quinteros. En esta se comió un encubrimiento por andar con un auto robado y tenía una 9 mm cargada, le metieron portación de guerra. Fue ayer, por protocolo tenía que pedir prisión preventiva, pero aparentemente se puede cerrar después de peritar el arma. No tengo la causa yo, pero dejame ver como metemos un comentario ahí. En 1 mes le podrían dar la libertad, no tiene antecedentes así que seguramente”.

Con información de La Capital

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