El viernes, la Auditora General del MPA, María Cecilia Vranicich, le comunicó a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura de Santa Fe sobre la acusación contra Debora Cotichini (jefa de Inteligencia Sur del OI) y las menciones al exministro de Seguridad, Marcelo Sain, que volvió a a ocupar el cargo de director del Organismo de Investigaciones (OI).
Según el sitio Rosario 3, Sain aseguró que "hay una maniobra contra Débora Cotichini porque dirigió la unidad operativa del Organismo de Investigaciones más activa, eficiente y profunda contra las estructuras de poder que amparan o son socias de la criminalidad compleja".
La salida de Marcelo Sain al frente de Seguridad se produjo en marzo de este año. Las tensiones que generó en el gobierno de Omar Perotti tuvieron repercusiones en el Organismo de Investigaciones (OI), al que volvió y que desató un incidente por el presunto vaciamiento de una oficina y el reestablecimiento a cero de una computadora, que pertenecía a la psicóloga Cotichini.
Al respecto, la jefa de los fiscales de Rosario y auditora ad hoc por licencia médica de Vranicich, María Eugenia Iribarren, ordenó "analizar" la computadora. Este hecho generó un quiebre en el interior de la policía judicial, destinada al delito complejo y organizado.
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Según las fuentes consultadas, se cotejaron documentos, e-mails, discos y hasta audios de WhatsApp, que fueron aportados por uno de los involucrados para eximirse y explicar bajo las órdenes de quién desde una oficina pública y sin solicitud judicial "perfiló" (recopiló información en una carpeta) sobre personas señaladas a dedo. Uno de esos audios, con la voz de Cotichini, dice: "Ya se lo mandé a Marcelo".
Al parecer, "Marcelo" no es otro que Sain, quien para esos tiempos era parte del Ejecutivo, y Cotichini debía responder a Moloeznik, Iribarren o al fiscal general Jorge Baclini, pero lo hacía a directivas extrajudiciales de quien tenía sus oficinas en la sede de la Gobernación.
La imputación a Cotichini tiene dos ejes: haber utilizado los recursos de un área de investigaciones complejas para fines distintos a los institucionales -realizaban informes de personas sin controles judiciales y los enviaban al Ministerio de Seguridad- y la violación del deber de reserva, que no es otra cosa que la filtración de información reservada de causas judiciales al Ministerio de Seguridad de Santa Fe, en particular a Sain, sin autorización. Lo central allí eran las transcripciones de escuchas telefónicas.
