Este miércoles tuvo lugar en la Legislatura provincial un encuentro entre el senador Lisandro Enrico, el diputado Oscar Martínez y tres familiares de personas privadas de su libertad, por falsas denuncias de abuso sexual, en representación de 12 organizaciones sociales vinculadas a esta problemática. Asimismo, asistieron tres profesionales del derecho.
"Se presentó una nota con reclamos comunes, por irregularidades cometidas por la Unidad Fiscal de Violencia Sexual del MPA, y una carpeta con 34 denuncias de irregularidades, hacia 3 fiscales de esa unidad fiscal, con la finalidad de que se abra un procedimiento único de enjuiciamiento", indicaron los familiares.
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Una de las 12 organizaciones representadas, presentó también un pedido de destitución de dos fiscales con 600 firmas, de personas damnificadas. "Un gran avance, con este espacio de escucha abierto, por los representantes del pueblo de Santa Fe", resaltaron.
La conmovedora carta de la esposa del docente del Jardín Namuncurá
Mi nombre es Fernanda Deluca, 46 años de edad, tres hijos, casada hace 22 años. Mi esposo es docente de Educación Física, recientemente imputado por abuso sexual contra niños del Jardín Ceferino Namuncurá.
El día jueves 7 de octubre, alrededor de las 10 de mañana, tomamos conocimiento de esta situación por una llamada de la directora del Jardín, al mismo tiempo que el nombre de mi esposo y su foto era difundido por un programa emitido en vivo, por Aire de Santa Fe, que entrevistaba a padres manifestándose en la puerta de la institución. A las 12 hs. de ese mismo día, mi esposo se ponía a disposición de la justicia, y a las 17 hs., un rato después de abandonar mi casa con mis tres hijos, debido a que mi domicilio circulaba en las redes sociales, un grupo de personas ingresaba por la fuerza, la incendiaba, saqueaba y asesinaba a nuestras mascotas.
Ni los 25 años de docencia de mi esposo, ni su trayectoria profesional comprobada en diferentes instituciones como colegio Inmaculada Concepción, Cáritas Arquidiocesana, Proyecto Educativo El Patio, a los que se suman diferentes voluntariados sociales, ni los más de 80 testimonios aportados de amigos, compañeros y ex compañeros de trabajo, exalumnos, padres de alumnos, compañeros de formación, entre otros, ni su presentación voluntaria a la justicia, ni las garantías ofrecidas y adjuntadas al expediente, fueron suficientes para permitir que atravesara este necesario proceso de investigación en libertad.
Las consecuencias de una prisión preventiva sin plazos, medida de excepción cuyos fundamentos resultan incomprensible en casos como este, y que se ha instalado como un mecanismo habitual frente a denuncias contra docentes, parecen ser subestimadas o intencionalmente ignoradas por un sistema judicial que olvida el deber de respetar el principio de presunción de inocencia y de garantizar el debido proceso en el que no se avasallen los derechos y garantías de ninguna de las partes. La prisión preventiva viene operando como una condena anticipada, causando un daño irreparable, tanto a nivel personal, como familiar y social, mientras se transita el proceso de investigación. Esto resulta inaceptable en un sistema democrático e implica retroceder a etapas preconstitucionales ya superadas en nuestro país.
La actual privación de libertad de mi esposo, siendo hijo único de padres absolutamente dependientes por su edad y estado de salud, impide además que pueda cumplir con sus responsabilidades indelegables de cuidado. Se suma a esto, la situación de inseguridad y desamparo en la que quedamos su esposa e hijos, luego de la violencia en la que nos vimos expuestos y seguimos estando, ya que habiendo transcurrido más de un mes, no hay un solo detenido por el ataque a nuestra vivienda, a pesar de los registros fílmicos aportados, lo que nos ha obligado además a constituirnos como querellantes en esta causa.
Ha bastado en este caso, la denuncia de una madre, que no le cree a su hija cuando le dice que se cayó en una rueda del patio de la escuela, abuso desestimado por 5 profesionales de 2 efectores de salud pública (Hospital Iturraspe y Hospital de Niños), según consta en el expediente, y las denuncias posteriores de cuatro padres, que interrogaron a los hijos a partir del estado público de la primer denuncia, para privar de la libertad a un docente frente a un suceso que se desprende del ejercicio de su trabajo, cuyas condiciones de realización, espacios físicos, protocolos institucionales, testimonios de docentes y directivos, no han sido tenidos en cuenta al momento de considerar las posibilidades reales de que un hecho de tal gravedad pudiera ocurrir, o no han servido para impedir al menos que la investigación requerida vulnere sus derechos y garantías mínimas.
Respecto al proceso de investigación, coincidimos en que los niños deben ser escuchados atendiendo a cualquier situación en la que exista la mera sospecha de que sus derechos han sido vulnerados, pero del expediente puede desprenderse que no solamente no se ha escuchado a la primer niña, sino que las sucesivas intervenciones a las que esta, y los demás niños han sido sometidos, por operadores del sistema judicial, según consta en el expediente, distan de preservar su relato original, contrariando todas las recomendaciones de buenas prácticas al respecto, y contaminando de esa manera la posibilidad de que la cámara Gesell pueda recuperar las verdaderas experiencias de los mismos. Tampoco se han contemplado las circunstancias en que se obtuvieron los relatos de cada niño, que son significativamente reveladoras de los disparadores, condicionantes y presiones bajo las cuales los niños han terminado confirmando lo que sus padres insistían en escuchar.
Respecto a las Cámaras Gesell, y ante la ausencia de un equipo multidisciplinario independiente responsable de llevar adelante las mismas, como dicta el código de procedimiento penal, hemos presentado la propuesta de una psicóloga forense con probada experiencia y trayectoria en la temática para realizar las mismas, que tuvo un fallo favorable en audiencia multipropósito, pero no se han podido llevar adelante aún porque la fiscalía, en dos oportunidades ya interpuso recursos que las dejaron en suspenso, a minutos de la hora prevista. Cabe aclarar que es un derecho que asiste a las partes proponer al entrevistador ante la ausencia de un equipo para tal fin, pero históricamente este derecho se lo ha reservado la fiscalía, que realiza las mismas con sus propios entrevistadores.
Me pregunto, en este contexto, ante la realidad que hoy nos toca enfrentar y escuchando a familiares y amigos de otros docentes que han atravesado o atraviesan por iguales circunstancias, cuáles son las garantías que existen en la actualidad para el ejercicio del rol docente ante una falsa denuncia de abuso, que condiciones de trabajo le permitirían protegerse de tal situación, y cómo puede transitar un proceso de investigación en manos de un sistema judicial con sesgo confirmatorio, ante el cual es culpable hasta que demuestre lo contrario.
Hacer publica esta situación es la única forma que encontramos para obtener las garantías necesarias en este proceso de investigación, llevamos 45 días desde que detuvieron, imputaron y privaron de la libertad arbitrariamente a mi esposo, ya que no existían riesgos de que entorpezca la investigación, 45 días desde que ingresaron, incendiaron, saquearon nuestra vivienda y asesinaron a nuestras mascotas, 45 días sin un detenido por ello, 45 días en que mis hijos y yo nos encontramos sin hogar, intentando reconstruir algo de normalidad, 45 días en que dos padres ancianos y dependientes no ven a su único hijo, y seguimos esperando poder concretar las cámaras Gesell que permitirían pedir la revisión de la prisión preventiva, para atravesar el proceso de investigación en libertad.
