Este miércoles, el Colegio de Magistrados y Funcionarios le envió una misiva al Fiscal General de la provincia, Jorge Baclini. De esta manera, se busca que se analicen las declaraciones del fiscal adjunto Matías Edery sobre Rafael Gutiérrez, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Asimismo, "llamaron a la reflexión" y pidieron que "se preserve el respeto institucional y se guarde singular prudencia a la hora de realizar manifestaciones públicas".
La carta lleva los sellos de Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados, y de Roberto H. Dellamónica, el vicepresidente.
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Tal como publicó este medio, Edery expresó que "en la pochocleada del jueves, además de Traferri estaba Gutiérrez, y va para demostrar que Traferri es gente de él".Las declaraciones fueron emitidas tras la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, realizada el último jueves.
Por su parte, Gutiérrez hizo una presentación contra el fiscal adjunto. Al respecto, el titular del máximo tribunal Justicia recurrió ante la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se analice la conducta del funcionario. Por lo tanto, Edery podría ser sancionado.
La carta
Carta al Fiscal General de la Provincia de Santa Fe Jorge Baclini.
Se dirige Ud. la presente, para que por intermedio de las vías legales pertinentes se evalúe la conducta respecto de las declaraciones publicadas en un medio de comunicación, y que habrían sido efectuadas por el Fiscal adjunto Dr. Matías Edery -integrante de ese Ministerio Público-, respecto del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y asociado de nuestra institución, Dr. Rafael Francisco Gutiérrez.
En dicho marco, además de manifestar nuestra profunda preocupación, el colegio que nuclea a los magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias de nuestra provincia, llama la reflexión para que sin mengua de la libertad de expresión y de llevar adelante las investigaciones judiciales, se preserva el respeto institucional y se guarde singular prudencia a la hora de realizar manifestaciones públicas por parte de integrantes del Poder Judicial, pasibles de erosionar la ética y la independencia judicial.