La Cámara de apelación en lo civil, comercial y laboral de la cuarta circunscripción resolvió denegar in limine el recurso de inconstitucionalidad deducido por el Banco de la Nación Argentina y por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, por resultar improponible, en el marco del concurso de la empresa Vicentin.
A partir de este fallo, los acreedores ven algo más firme la posibilidad de que se apruebe el acuerdo concursal. De producirse así, en el corto plazo, a más tardar 15 días, podrían cobrar unos 170 millones de dólares, de los cuales, más de 800 acreedores podrían hacerse de unos 30 mil dólares por tratarse de un grupo minorista al que le correspondería un solo pago.
Esto pone en carrera la resolución del acuerdo concursal, mientras se insta a que las distintas instancias judiciales sean lo más cortas posibles para evitar no perjudicar a los distintos acreedores que acordaron con la empresa un plan de pago.
Hasta agosto de 2023, Vicentin generó ingresos a través del alquiler de las plantas procesadoras de oleaginosas a compañías agroindustriales. Pero, a partir de septiembre, por la escasa disponibilidad de materia prima debido a la sequía y la complejidad de su concurso, la actividad con esos players se interrumpió y solo quedaron activos los contratos de los "socios estratégicos".
Como consecuencia de la sequía y la disminución de la molienda y procesamiento de soja, desde agosto, y por primera vez en casi 95 años, Vicentin frenó dos de sus plantas del sur de Santa Fe. Se trató del complejo de San Lorenzo y el de Ricardone, que procesan soja, el primero, y girasol, el segundo, cercanos al cordón industrial del Gran Rosario.
En septiembre de 2023, Lorenzini habilitó la apertura del período de concurrencia estipulado en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras. En la jerga judicial, se conoce a este proceso como cramdown y permite que un acreedor o interesado externo formule una propuesta superadora a la que hizo la compañía y se quede con la empresa, una suerte de salvataje antes de declararse la quiebra.
Si bien los fallos emitidos por la Cámara son un paso favorable para quienes exigen el cobro inmediato, todavía restan caminos judiciales por recorrer, aunque se abre un camino de esperanza para muchos acreedores.