El ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, detenido desde agosto del año pasado acusado de cobrar coimas a un empresario de juego para brindarle protección judicial, seguirá tras las rejas al menos hasta el próximo 13 de abril luego de que ayer se prorrogara la prisión preventiva. Si bien los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada habían pedido extender la medida cautelar 90 días, el juez Carlos Leiva la dictó por 70 días. En ese lapso los fiscales podrían presentar la acusación para llevar a juicio al ex funcionario judicial.
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Acusación
Ponce Asahad está preso desde agosto pasado, cuando el capitalista de juego _tanto legal como clandestino_ Leonardo Peiti denunció que le había pagado entre cuatro y cinco mil dólares por mes a cambio de que el fiscal lo mantuviera a salvo de posibles investigaciones en su contra. La acusación del empresario incluyó al entonces fiscal regional Patricio Serjal, que fue destituido y también se encuentra detenido.
Investigación
La investigación que puso tras las rejas a los ex fiscales se desprendió de otra que seguía los movimientos de una red que combinaba juego clandestino con extorsiones, un emprendimiento atribuido un sector de Los Monos que entre sus acciones incluyó la fatal balacera contra el casino City Center que le costó la vida a un apostador que había salido a un balcón de fumadores. Esa pesquisa condujo a Peiti y éste, antes de ponerse a disposición de los fiscales, pidió revelar la relación que mantenía con Serjal y Ponce Asahad.
Los dichos de Peiti sobre los pagos que le hacía a Ponce Asahad al menos desde diciembre de 2018 fueron corroborados por los fiscales con evidencia que sirvió para imputar al ex fiscal por cohecho pasivo agravado, transmisión de datos reservados e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que el dinero que cobraba tenía como fin obstaculizar investigaciones sobre casinos clandestinos.
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En ese contexto, el avance de la investigación terminó ampliando la imputación contra Ponce Asahad _también contra Serjal_ como miembros de la asociación ilícita que en principio protegían, junto con Serjal, Peiti, el empleado judicial Nelson Ugolini, el ex comisario _ya condenado en proceso abreviado_ Alejandro Torrisi y el recientemente fallecido capitalista de juego de la zona de Rafaela David Perona.
Según la acusación, la asociación ilícita fue creada por Peiti y Serjal para obtener dinero ilícito de casinos clandestinos y apuestas electrónicas en Rosario, Gálvez, Rafaela y Villa Gobernador Galvez. En tanto, el resto de los imputados participaban como integrantes con roles establecidos. Al respecto, se puntualizó que el rol de Ponce Asahad consistió en “haber usufructuado ilegalmente su cargo de fiscal adjunto aprovechando ese cargo para recibir dinero de Peiti a cambio de transmitirle directa o indirectamente por medio de sus empleados responsables, información relativa a las investigaciones que lo pudieran tener como sospechoso o cualquier otro dato referido al juego ilegal”.
En el marco de esta investigación los fiscales llegaron a pedir el desafuero del senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando Traferri para poder imputarlo como miembro de la misma asociación ilícita. Sin embargo, el requerimiento no fue aceptado por la Cámara alta santafesina.
