La Cámara de Casación Penal confirmó la segunda condena al comisario Marcelo Lepwalts, ex jefe de la Policía Federal de Santa Fe durante la gestión de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En 2021, el Tribunal Oral de Santa Fe lo condenó por una “empresa criminal” a la que el Ministerio Público llamó “Delegación Santa Fe Sociedad Anónima” porque su único fin era “recaudar fondos”.
En un primer juicio, en abril, lo sentenció a cuatro años y tres meses de prisión por “cohecho”, “incumplimiento de deberes”, “abuso de autoridad”, “sustracción de elementos de prueba”, “falsedad ideológica y “tenencia simple de estupefacientes”. Y en el segundo, en noviembre, a cuatro años y seis meses por “asociación ilícita”, con lo cual sumó ocho años y nueve meses de cárcel.
En marzo de 2022, la Sala III de Casación convalidó la primera condena –con los votos de los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Gustavo Hornos- y ahora la Sala II ratificó la segunda, en otro fallo de sus colegas Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Carlos Mahiques. En el proceso, “se probó que Lepwalts, junto con otros cinco coimputados (que estaban a su mando) integró una asociación con fines ilícitos” que operaba en la capital de la provincia, dijo la Cámara.
Lepwalts lideró una organización delictiva con una finalidad recaudatoria, que funcionó desde que asumió el cargo en la delegación a su cargo el 14 de marzo de 2018, hasta su detención el 9 de mayo del año siguiente. La causa tuvo origen a partir de una nota anónima recibida en la fiscalía federal en septiembre de 2019, en donde se pedía se investigase al titular de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina. Poco después, la persona denunciante se presentó en la dependencia y declaró en calidad de testigo, donde dio cuenta de un sistema de recaudación paralelo de larga data que continuaba en el presente.
La declaración permitió identificar lo que el representante del Ministerio Público Fiscal calificó como “un plan común ideado, implementado, ordenado y controlado por los miembros de la Delegación Local de la Policía Federal Argentina, la cual resultó afectada por el comportamiento de sus propios agentes a raíz de la configuración de un sistema de recaudación ilegal nutrido cuanto menos por utilidades provenientes del narcotráfico y que tenía como objetivo principal el lucro de cada uno de sus integrantes”.
El avance de la investigación permitió identificar que Lepwalts y sus subalternos llevaban adelante un mecanismo recaudatorio con la intención no solo de obtener dinero, sino también material estupefaciente de parte de personas vinculadas al narcotráfico mediante interceptaciones sorpresivas, o durante la ejecución de medidas judiciales. Los resultados de estos procedimientos eran luego escondidos a las autoridades intervinientes, y el dinero obtenido era distribuido por partes iguales entre el personal policial que integraba el grupo, acusó la fiscalía. En el caso del material estupefaciente, una porción era resguardada para “embagallar” futuros procedimientos.
Según la acusación, la organización liderada por Lepwalts también incluía el ofrecimiento a personas vinculadas a la comercialización de estupefacientes de cobertura policial a cambio de una suma periódica de dinero, hasta que se decidía que debían ser privados de su libertad ambulatoria por no resultar funcionales a este sistema. Además, la banda se valía no solo de la información obtenida en el marco de su trabajo, sino también de informantes propios y del contenido de teléfonos celulares que eran secuestrados a las personas detenidas, y luego devueltos a cambio de una suma de dinero.
En el allanamiento a la oficina de Lepwalts se encontró una caja fuerte, en cuyo interior se hallaron 42 mil pesos, una suma que no aparece vinculada a una partida oficial suministrada por los canales regulares ni proveniente de las áreas competentes en materia de asignación de recursos de la Policía Federal, destacó la fiscalía.
