El monitoreo de despidos que realiza la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya contabiliza más de 11 mil despidos en toda la Administración Pública y el sindicato se prepara para realizar ingresos masivos y simultáneos este miércoles en todos los organismos y ministerios.
Además, se convocó a un plenario federal en la sede del sindicato con delegados de todo el país para debatir la profundización del plan de lucha.
Leer también: Peligran 3600 empleos públicos nacionales en Santa Fe
“El presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular. Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, y apuntó: “No vaya a ser cosa que el presidente y sus funcionarios terminen presos antes de lo que cualquiera pudiera imaginar”.
Aguiar explicó que “vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad”. Además, el dirigente apuntó que el artículo 226 del Código Penal da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales, elevando la pena mínima a un tercio cuando se trate de funcionarios públicos.
“Despedir tantos trabajadores a tal punto que hasta delegaciones enteras tienen que cerrar, como ocurrió con Ansés, restringe de manera grave el derecho a la seguridad social, y lo mismo empieza a ocurrir con otros servicios esenciales que el Estado está obligado a brindar: educación, salud, seguridad alimentaria y hasta la posibilidad de prevenir catástrofes, cuestión ahora afectada porque el recorte alcanzó hasta el Servicio Meteorológico Nacional”, agregó el referente estatal.
“Por otro lado, esta decisión gubernamental violenta pactos internacionales que también tienen rango constitucional. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se aplica a partir del Protocolo de San Salvador, en su artículo 6 obliga a los Estados a defender el trabajo e impulsar el pleno empleo, y esto precisamente no es lo que está ocurriendo”, continuó el Secretario General de ATE.
En este marco, el dirigente destacó la medida de fuerza que se llevará adelante este miércoles en todo el país: “Mañana tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley. Los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión. Si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada”.
El sindicato definió tres franjas horarias para los ingresos masivos a ministerios, organismos y dependencias estatales, siendo a partir de las 7, 8 y 9 de la mañana, dependiendo del funcionamiento habitual de cada delegación. Los ingresos serán realizados tanto por los trabajadores de la planta permanente del Estado, como así también los contratados que aún no han sido despedidos y los que ya fueron notificados de su cesantía.
