Diez universidades nacionales participaron de la realización del documento, que analiza las condiciones socioeconómicas y sanitarias de comunidades indígenas de todo el país. Las investigadoras consultadas alertan sobre la situación crítica en torno a la falta de agua, la dificultad para acceder al sistema sanitario y la violencia a la que están expuestos, como principales problemáticas en este contexto de pandemia por COVID-19.
Testimonios
El trabajo es una continuación ampliada y profundizada de un primer documento que había salido a principios de abril, a partir de un pedido de la Unidad Coronavirus sobre datos de poblaciones vulneradas. El informe también recoge sugerencias y recomendaciones para mejorar el impacto de la política pública.
“En este caso, se trata de poblaciones afectadas por condiciones históricas. Lo que muestra el relevamiento es que se profundizaron desigualdades ya existentes en cuestiones socioeconómicas, sanitarias, educativas y alimentarias, entre otras”, afirmó a la Agencia CTyS-UNLaM Malena Castilla, becaria postdoctoral del CONICET e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, quien estuvo como integrante del trabajo.
“No se trata de pueblos vulnerables, sino de pueblos cuyos derechos han sido y continúan siendo vulnerados"
Julia Colla, becaria doctoral del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Litoral, señaló por su parte que “problemáticas como la falta de agua potable, la disponibilidad de servicios básicos, el hacinamiento, la dificultad para acceder al tratamiento médico y situaciones de violencia son problemas estructurales que afectan a casi todas las poblaciones indígenas”.
“No se trata de pueblos vulnerables, sino de pueblos cuyos derechos han sido y continúan siendo vulnerados. Lleva a preguntarse por qué, cómo y por quién se produjeron estas acciones que derivaron en la situación que estamos observando” analizó Carolina Maidana, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata.
Emergencias antes de la pandemia
Según manifiestan en el documento, estas condiciones de vulnerabilidad complejizan su situación ante la decisión del Gobierno Nacional de implementar el ASPO.
Norma Naharro, investigadora de la Universidad Nacional de Salta, agregó que, en esta provincia, “ya en enero se declaró la emergencia sociosanitaria por muerte por hambre, con integrantes de la comunidad wichi como víctimas y que hizo que se activara toda una serie de políticas públicas. Si partís desde esa base, la situación de cuarentena no hace más que complicar todo el escenario”. Actualmente, Salta cuenta con más de 300 comunidades indígenas, pertenecientes a 14 pueblos originarios diferentes.
condiciones de vulnerabilidad complejizan su situación ante la decisión del Gobierno Nacional de implementar el ASPO.
Para Colla, por su parte, el escenario se complejiza con las dificultades para acceder al sistema sanitario. En este sentido, a la dificultad para acceder a los servicios de salud se le agregan factores epidemiológicos de enfermedades anteriores.
Desconectados
La implementación del ASPO implicó clases a distancia en todos los niveles educativos, un fenómeno que, de acuerdo al informe, también supone un punto crítico para las comunidades originarias. “Hay muchas complicaciones a la hora de pensar la conectividad, porque no todos tienen las mismas posibilidades”, analizó Marcela Valdata, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y directora del área de Pueblos Originarios en la Municipalidad.
En su caso, por ejemplo, la académica cuenta que, si bien muchos estudiantes tienen teléfono celular, las instituciones envían el material por correo electrónico. “En ese caso, lo que hacemos es actuar de mediadores: nos mandan el mail a nosotros, quienes descargamos el material y se lo reenviamos por Whatsapp a las familias. Pero son cuestiones que desde las instituciones no se tienen en cuenta”, remarcó Valdata, quien trabaja con comunidades qom, mocoví, coya, quechua y mapuche, con un abordaje integral.
Leer también: Preocupación por la llegada de trabajadores norteños para levantar la frutilla
Un contexto violento
El informe también alerta sobre la violencia ejercida sobre las comunidades originarias de parte de algunas instituciones. “A lo largo de este tiempo, nos hemos encontrado con muchas situaciones de violencia por parte de la policía. Generalmente trabajamos los casos con la Secretaría de Derechos Humanos, que, a su vez, articula con el Ministerio de Seguridad”, explicó Valdata.
También observaron racismo y discriminación en sus trabajos con comunidades qom, guaraníes, mocovíes y tonocotés, en el área metropolitana de Buenos Aires. “Persiste esta idea de que Argentina desciende de los barcos y que ya no hay pueblos originarios. Hay reconocimientos legales y, al mismo tiempo, son privados de muchos de sus derechos”, alertó la investigadora de la UNLP.
Leer también: Alarma en Nelson por un posible brote de triquinosis
Una integración cultural
Para Maidana, uno de los aspectos claves en el proceso debe ser el de desarrollar políticas interculturales que permitan reconocer a los pueblos originarios como sujetos políticos y sociales. “Históricamente, se les ha negado el derecho a reflexionar sobre la situación que atraviesan o proponer herramientas para transformarla. Es central recuperar los conocimientos y saberes para generar mecanismos de participación y prácticas interculturales”, analizó la investigadora de la UNLP.
Castilla remarcó la necesidad de generar políticas que “tiendan a visibilizar los conflictos y problemáticas que afectan a la población y, especialmente, teniendo en cuenta estas desigualdades históricas que se describen en el informe”. Para la investigadora de la UBA, además, “no es lo mismo para una población que fue históricamente criminalizada, que sus territorios han sido históricamente fumigados y desmontados, pararse frente a una pandemia de este calibre”.
Colla, por su parte, subrayó la importancia de que las políticas públicas se tomen a partir de la situación general de los pueblos originarios. “El objetivo siempre es que las políticas públicas se adapten a sus estilos de vida y a las legislaciones existentes”, planteó la académica de la UNL.
Fuente: Agencia de Noticias CTyS
